La izquierda y los medios de comunicación

Primer problema: ¿qué es “la izquierda”? Sin duda no lo es ya más el Frente Amplio, que, objetivamente, puede ser calificado ahora de “centro-izquierda”. La izquierda, en el Uruguay de hoy, estaría constituida por varias organizaciones que integran el Frente Amplio, más otros grupos, minoritarios, ajenos a ésta. Unos entrampados en una disciplina castradora, los otros, relativamente inoperantes. Segundo problema: ¿qué son “los medios de comunicación”? ¿instrumentos de comunicación? ¿o de dominio ideológico?. La respuesta a estas dos preguntas también tiene que ser matizada: son, en parte, de comunicación, y en mayor proporción, de dominio. Son instrumentos de dominio, por una razón muy sencilla: son apéndices del sistema productivo. Un canal de televisión, un rotativo, siempre es una gran empresa capitalista constituida por una gran inversión financiera, que tiene que dar su beneficio a quien o quienes constituyeron ese capital. Tiene que ser rentable. Desde luego que estos propietarios difunden un discurso legitimador ambiguo: ellos están al servicio de sus tele espectadores o de sus lectores. Si los embrutecen con pornografía o con violencia desmedida, se debe a que es eso lo que pide el público (no a que el sensacionalismo atrae y así aumentan, no sólo lectores o espectadores, sino, sobre todo, publicidad, es decir, mayor rentabilidad). Jamás recordarán que al público no se lo consulta, sino que es acostumbrado y adiestrado a consumir lo más barato, lo más vulgar, lo más sensacionalista. Tercer problema: Cuando dirigentes del Frente Amplio hablan seriamente de que van a estimular la autoregulación de los medios de comunicación, están renunciando a todo lo que algún día sabían. Y están renunciando a todo propósito de cambio, no sólo del actual sistema de medios, sino, más profundamente, de todo cambio socio-económico. Porque entienden bien de qué estamos hablando. Los empresarios de los medios mantienen bien su negocio: asegurar su ganancia y a la vez mantener a la opinión pública convencida de que están a su servicio, que son garantía contra posibles atropellos de los gobiernos y entonces explotan la idea de que regular (legislar) es como limitar la libertad de prensa. Aunque ellos mismos hayan sido los primeros en someterse dócilmente a la dictadura militar, para seguir explotando su negocio. En todo caso, con alguna protesta mínima (precisamente para disimular una obediencia sustantiva). Cuarto problema: Tal vez el cálculo de que librar una batalla para regular los medios significaría el riesgo de perder las elecciones, por la sistemática campaña adversa que estos medios levantarían, es lo que esté detrás de esta estrategia negociadora, conformista, reformista. Pero no estoy abogando por una política revolucionaria. Una fuerza política de izquierda debe, necesariamente, plantearse el problema de la regulación de los medios mientras la sociedad siga siendo competitiva (fomentando el cooperativismo, desarrollando la noción de servicio público de lo audiovisual, protegiendo el derecho a la información, restringiendo la publicidad), y todo ello, sin atacar el principio de la libertad de prensa. Y debe hacerlo por varias razones: 1a.) Tener en sus manos el poder de comunicación del Estado y no usarlo para ilustrar y concientizar acerca de la realidad competitiva, es criminal y suicida; 2a.) El proceso de cambio social hacia el socialismo, reclama acciones del Estado acompañadas por sustento de organizaciones políticas y sociales, que expresen y conduzcan reclamos solidarios y racionalizadores; postergar los principios significa renunciar al liderazgo de las fuerzas de izquierda. 3a.) Cuando en Francia aparece (en sus recientes elecciones) el Frente de Izquierda, primera superación exitosa – 5 millones de votantes – de la división que produjeron los 21 puntos de Moscú en el movimiento marxista internacional y este movimiento proclama que la lucha ideológica es fundamental y permanente y que son precisamente los medios de comunicación los más peligrosos adversarios, aquí deberíamos prestar atención a estos postulados y adaptarlos a nuestras realidades. Si la apreciación de que la fuerza política gobernante – el Frente Amplio – no tiene capacidad suficiente para librar ahora una batalla por una regulación general solidaria y racionalizadora de los medios (hipótesis admisible), no es lógico, en cambio, no hacer nada. En Europa, y desde hace ya muchos años, se legisló internacionalmente, para todos los países de la Unión Europea, y tanto para la TV pública como para la TV privada, mediante la Directiva “Televisión sin Fronteras”, estableciendo, entre otras limitaciones, que los informativos no pueden durar más de 30 minutos y que no pueden ser interrumpidos con publicidad. En el Uruguay, una ley que reprodujera sólo este principio, no sólo beneficiaría enormemente a nuestro sistema de información, sino que actuaría como precedente prestigioso de la capacidad reguladora del Estado, sin que pueda ser acusada esta medida de atentar contra la libertad de prensa. Roque Faraone Publicado en Cuadernos de Compañero "El cuarto poder" Nº9, Año 3, 5ª Época, septiembre 2012, Montevideo

Derechos, centro e izquierda en educación

Publicado en Semanario Brecha del 21 de agosto de 1992, Montevideo, p 15
La difusión del informe sobre la enseñanza secundaria viene generando polémicas en el medio docente. BRECHA entrevistó al responsable del informe, Germán Rama, en sus números 10 y 17 de julio pasado, y publicó un “Contrapunto” del profesor Luis Víctor Anastasía el 7 de agosto. Suma ahora las opiniones del profesor Roque Faraone, extendiendo un debate que se vuelve cada día más necesario.

No hay ciencia social “neutra”
Tanto el informe de la CEPAL como Germán Rama en sus declaraciones se apoyan en el prestigio de la ciencia, en el peso –muy valioso- de la información estadística, y eluden un punto de partida imprescindible: no hay conocimiento riguroso, en ciencias sociales, que no esté comprometido, ya sea a favor del mantenimiento de la situación existente o con un cambio solidario. En materia económica es muy evidente: hay bibliotecas enteras, y ahora ya bancos de datos repletos de bytes, con literatura sobre el “desarrollo” del Tercer Mundo, que cada día está más subdesarrollado. Treinta años de documentos de la CEPAL lo prueban. Claro que los tecnócratas economistas explican que la responsabilidad no es de la dependencia, que para ellos no existe, sino de los malos gobiernos. Que, por otro lado, son los que financian estos estudios.
En materia de educación, como entran en juego en forma ostensible más valores, es igual y a la vez más grave. Esto no empaña la admiración intelectual que siempre tuve por Germán Rama. Simplemente, creo que si hubiera operado desde un ámbito universitario autónomo, su reconocida probidad intelectual lo habría obligado a hacer otro informe.
Tampoco hay ciencia social que no sea histórica
Toda “fotografía” (estadística u otra) de la realidad, la falsea. Hay que remontarse al pasado -cercano- para poder interpretar adecuadamente la realidad. La enseñanza no “transcurrió” solamente como un fenómeno social, sin que los gobernantes (de la enseñanza y del país) hayan actuado sobre ese fenómeno, intentando a veces –pocas veces-, encauzarlo o simplemente acompañándolo, para satisfacer intereses inmediatos de poder.
Por ejemplo, cuando se produce la intervención de la dictadura de Terra y Secundaria es segregada de la Universidad, una de las finalidades (además del control ideológico) fue el reparto de los cargos docentes y administrativos, lo que dio lugar a un ejército de “precarios”, quienes probablemente conspiraron más contra la profesionalización de los profesores que la tradición enciclopedista.
Por ejemplo, la “ley Sanguinetti” de 1972, la posterior barbarie militar y la actual ley orgánica de ANEP se inspiraron en el propósito de control ideológico pero al mismo tiempo en la finalidad de reparto de empleos públicos para mantener el clientelismo o el control político. Estos “profesores” designados por los coroneles y sus esposas, o los caudillos y sus clubes, sin ninguna acreditación de idoneidad intelectual y pedagógica, y con la evidente acreditación de inidoneidad moral, no pueden sostener un sistema educativo decoroso.
Eludir la historia estructural implica un apartamiento de los problemas reales. Porque es un problema real señalar que tenemos actualmente muchos “profesores” que no tienen preparación adecuada, como resultado directo de la deliberada política de gobierno de la enseñanza, y no como resultado espontáneo de la sociedad. Hasta ahora no se crearon institutos de profesores en el Interior (una de las posibles formas de profesionalización) no sólo por falta de recursos o de visión de los problemas, sino porque los partidos gobernantes prefieren el clientelismo.
En educación hay derecha, centro e izquierda
Y esto se ve, precisamente, en la noción de gobierno de la enseñanza. Hay distintos modelos posibles. O un gobierno de la enseñanza autónomo, o un gobierno politizado, con el sistema del “3 y 2”, estatuido en la Constitución del 52 para todos los entes comerciales e industriales, con la excepción de la enseñanza universitaria. (Las leyes orgánicas para Secundaria y UTU vigentes en 1952 establecían cierta representación docente; la de primaria sólo obligaba a que fueran maestros los integrantes del Consejo y no su presidente.)
No es cierto, como dice Germán Rama: “La educación es el sector de actividad más ajeno a la política, porque no hay nada que se pueda transformar en cinco años”. Porque no hay nada que no se pueda transformar en cinco años es una cuestión política de primer orden decidir si se gobierna la enseñanza al son de los partidos políticos gobernantes o co-gobernantes o si se la gobierna con participación de los docentes y de otras fuerzas sociales, ¿por qué no?, como parcialmente lo intentaba la ley orgánica de 1936.
En el reportaje a Germán Rama no hay una línea, una coma, que aluda al gobierno de la enseñanza. Que recuerde, por ejemplo, que cuando Enseñanza Secundaria vivió una etapa de transformación pedagógica, con la creación del IPA en 1951 –donde él y yo fuimos compañeros de estudio-, con las Asambleas del artículo 40 y las Comisiones Permanentes, con los Liceos Pilotos de 1963, o el avanzado segundo ciclo de 1967, había intensa participación de los profesores y se aplicaban sistemáticamente concursos para el ingreso a la docencia. Todo ello se debía a mayor autonomía en el gobierno y a la presencia de un representante sindical en el Consejo de Secundaria (Washington Viñoles, Víctor Cayota) y a un excepcional delegado de la Universidad, Miguel López Lomba.
Unos ejemplos de que hay derecha, centro e izquierda en materia educativa: cuando un decano de época militar sostenía que había que eliminar la investigación porque “incomodaba” a la docencia, la única duda respecto a esa política educativa es si debe ser calificada de derecha o de ultraderecha. Cuando el informe del CIDE sobre educación, de 1964, frente a un 8 por ciento promedial de analfabetos en el país, que grosso modo correspondían a las edades más avanzadas, sostenía que “el tiempo resolvería ese problema” y que había que invertir en otras prioridades, se estaba haciendo una opción centrista. Cuando el gobierno revolucionario cubano (teniendo 26 por ciento de analfabetos en ese país), decidió hacer una campaña de alfabetización total, realizó una opción de izquierda. (Como anécdota: una vez un alumno muy reaccionario comentó: “Así podían adoctrinar mejor”. “Es cierto, pero un adoctrinado alfabetizado es menos manejable “, tuve que decirle.)
Educación y sistema económico
El informe de CEPAL y el reportaje a Germán Rama hacen alusiones a la necesidad de sostener con recursos adecuados el sistema, pero no como problema. La historia ayudará a situarnos. En 1948, cuando se aprobó el escalafón docente, un profesor de Secundaria de más alta categoría cobraba lo mismo que un legislador: 600 pesos. Hoy, sin contar aditamentos de que disfrutan los legisladores, un profesor de Secundaria de última categoría, trabajando casi el doble de horas que antaño, percibe la octava parte.
“(…) en este ciclo básico de secundaria el acento inicial hay que ponerlo en la formación docente y en la reconcepción de los planes de estudio adecuándolos a los niveles culturales reales”, dice Germán Rama, agregando: “Por supuesto que entre los esfuerzos necesarios hay que contemplar los salarios de los profesores…”.
Es una óptica centrista, porque pone el énfasis en aspectos técnicos, en lugar de denunciar las carencias, que no son sólo salariales: los alumnos están hacinados en locales donde funcionan tres y cuatro turnos, las clases, por la escasez de locales, desde hace 40 años fueron siendo reducidas en su duración, hay equipamiento dramáticamente insuficiente en materia de bibliotecas, laboratorios, etcétera. Y las coberturas sociales –asignaciones familiares- son magras o inexistentes.
Lo bueno del informe de la CEPAL y del reportaje
Establecidas las principales limitaciones de ambos documentos es bueno señalar cuál es su utilidad: la denuncia, con todo el peso de un documento revestido del prestigio de lo científico, de los insuficientes o desastrosos resultados del sistema educativo. Que la sociedad advierta, documentadamente, que no enseña, o que enseña insuficientemente, que más que enseñar guarda a los preadolescentes y adolescentes, es bueno. Y en el diálogo, en el análisis de de estas informaciones massmediáticas, conviene reflexionar también acerca de la gran difusión que tuvo el tema. De algún modo los medios de comunicación sabían que, aunque el informe contiene denuncias de malos resultados, era seguro que no atacaría al sistema socioeconómico al que esta educación sirve.
Porque no podemos abstraernos de una realidad concomitante: este gobierno impulsa la matrícula universitaria, contra la Constitución de la República; impulsa a la Universidad Católica, contra la ley orgánica de la Universidad; encuentra recursos para subir los sueldos de los militares, y no los encuentra para los docentes. En materia educativa está un poco más a la derecha que el anterior. Pero comparte con aquél la voluntad de reparto, de control ideológico y el propósito de que el sistema educativo no comprometa al sistema socio-económico.
Con ayuda de los medios de comunicación, que han sido generosos (porque entienden empíricamente las observaciones precedentes), se produjo en la sociedad uruguaya un debate, o el comienzo de un debate, que los educadores y las fuerzas progresistas deberían reorientar sobre bases más científicas, esto es, más comprometidas con cambios solidarios.
¿Y la nota de Luis Víctor Anastasía?
Ya se ha dicho sobre ella todo lo necesario.

Televisión digital y televisión en color

Televisión digital y televisión en color
(contribución al debate sobre tv digital, de Roque Faraone)
En 1973, la dictadura militar, probablemente por mis ideas de izquierda, me destituyó.
El presidente de la Asociación Internacional de Investigaciones en Comunicación, de la que yo era miembro, informó en una carta circular, agregando “este socio aceptaría una posición en otro país”. La solidaridad internacional que provocó me llevó a dictar un Seminario en Tampere, Finlandia, en 1974. Allí, en una visita a la TV estatal, los dirigentes me mostraron, orgullosos, los nuevos equipos que iban a permitir emitir en color. Yo pregunté: “Dada la situación de crisis económica que comenzó, ¿no se consideró la posibilidad de postergar esta iniciativa, que va a representar un gasto importante para la población?”. Los dirigentes se miraron entre sí, y uno de ellos dijo: “En verdad no, porque lo que ocurrió es que los proveedores nos anunciaron que no nos suministrarían más repuestos para la emisión en blanco y negro”. Claramente, no había sido una decisión política, sino económica, industrial.

A fines del mismo año, enviado por Unesco para hacer un estudio sobre la comunicación en América latina, estuve en La Habana con dirigentes de la TV cubana. Estos, orgullosos, me dijeron que estaban esperando que operara el satélite soviético Molnia para disponer de programas de TV mejor elaborados y poder así hacer frente a la escasa formación ideológica del personal de la TV cubana, que aún venía de la época de Batista. Era evidente que sobrevaloraban la tecnología y el desarrollo económico, considerándolos valores indiscutidos.

Hoy, se nos presenta pasar a la tv digital. No es posible dudar que, en abstracto, esta novísima tecnología incorpora nuevas posibilidades. Casi nada en mejorar la calidad de imagen, pero sí posibilita la colocación de nuevos productos industriales. Estos nuevos productos permitirán que quien los compre pueda actuar (eventualmente) frente
al sistema emisor, por ejemplo, utilizando los celulares para recibir (y tal vez elegir).

Antes de sumergirnos en ese nuevo mundo de posibilidades, aclaremos que el nuevo sistema está escalonado en su aplicación en forma muy cuidadosa. Hasta 2014 se seguirá emitiendo paralelamente en el actual sistema analógico y desde 2012 comenzará el digital, de modo que las clases altas y media puedan comprar enseguida aparatos nuevos y las clases modestas puedan seguir viendo (sin poder actuar) con los actuales aparatos.
Cuando se produzca el apagón analógico, las clases modestas y los demás reluctantes, podrán comprar un aparatito adaptador (más barato que un nuevo receptor), que les permitirá seguir viendo (sin poder actuar) o hacer un esfuerzo y comprar un nuevo receptor digital.
¿Tiene sentido esta inversión social cuantiosa? ¿Es un progreso sustantivo, que mejore la calidad de vida de la mayoría? Tenemos evidencia de que primero se vendieron los discos de pasta, luego los long play, después las casettes y ahora los DVD. Hemos tirado a la basura los Videos. En otros órdenes de la vida económica comienza a entenderse mejor que el sistema productivo de competencia inventa necesidades mediante la publicidad y que consumimos muchísimos productos inútiles, superfluos y en ocasiones perniciosos.
Esta es una sociedad pequeña y dependiente. Con un Estado poco eficiente y gobiernos frágiles. Pretender aislarse de la influencia aplastante de las industrias de la comunicación del capitalismo es utópico. Pero una cosa es tratar de racionalizar una presión externa insuperable, y otra cosa es aplaudirla.

La autonomía de la educación en el Uruguay

Publicado en el número de noviembre de 2011 de FENAPES
La autonomía de la educación en el Uruguay 1
(Panorama de un siglo de conflictos y de garantías, centrados en Secundaria)


Definición de “autonomía”

El vocablo “autonomía” tiene diversas acepciones. Para el DRAE (en lo que nos interesa) sería:
Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios.

Según el DICTIONNAIRE GENERAL DES SCIENCES HUMAINES, dirigido por G. Thines y A.Lempereur:
“Poder de un grupo, principalmente de un grupo político, para organizarse y administrarse por sí mismo, al menos bajo ciertas condiciones y dentro de ciertos límites. (Sin estas reservas la autonomía sería soberanía).”

Estas y otras definiciones de autonomía remiten, en definitiva, a textos jurídicos (y por consiguiente también a prácticas políticas), en cada Estado . Y podría agregarse, en distintos momentos políticos de cada Estado, la delimitación del alcance de esa autonomía(que no puede ser independencia) puede ser variable, dependiendo de las prácticas politicas.

Lo que queda claro, es que autonomía dentro de un Estado, implica necesariamente la existencia de un cuerpo normativo (ya sea la Constitución, la ley o Estatuto). En un estado de excepción, en un estado dictatorial, no puede concebirse la existencia de ninguna autonomía.

Definición de autonomía universitaria según WIKIPEDIA

“ Autonomía universitaria, llamada también autonomismo, es la condición en la cual la universidad (como un individuo) conserva, con entera libertad e independencia, aquello que constituye su manera de ser esencial, característica y propia. La autonomía universitaria, a menos que sea declarada en la constitución de un país, no es un territorio dentro del Estado de Derecho, sino un organismo colectivo social con fines eminentemente cient凬icos y sobre ello es que cae el concepto de autonomía. La Universidad nunca es cien por ciento autónoma por cuanto depender siempre del presupuesto nacional para su subsistencia y de los demás órganos estatales para su control y orden como es el caso de la policía.
(...)
En Uruguay, la Universidad de la República cuenta con un co-gobierno donde están representados tres órdenes: estudiantes, docentes y egresados. Cada dos años se celebran elecciones de carácter obligatorio, fiscalizadas por la Corte Electoral

Antecedentes del marco definitorio de autonomía en el Uruguay

En la sociedad uruguaya, desde los orígenes del Estado, aparece una institución, la
Universidad de la República, con algunos rasgos de autonomía, rasgos que fueron
cambiando - y mucho durante el resto del siglo XIX y también durante el siglo XX. Como aquella Universidad de 1849 comprendía tanto la enseñanza primaria como la
secundaria y la superior, el concepto de autonomía universitaria pasa tener sentido
directo, durante mucho tiempo, en todos los niveles educativos. Cuando, por diversas circunstancias la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria fueron separadas de la universitaria, el concepto de autonomía de la educación (que provenía del de autonomía universitaria) pasa tener, además de aquel sentido originario (ahora indirecto) un sentido directo de autonomía derivado de las normas jurídicas aplicables en cada caso, además de la doctrina inspirada en la ya larga tradición del país.

Al menos desde la instalación en 1849 hay rasgos de autonomía, por la existencia de una Sala de Doctores que proponía ternas para Rector y por la integración de los órdenes universitarios en aquel cuerpo. Las leyes orgánicas de 1885 y 1908 incluyen, ambas, avances y retrocesos en la autonomía de la Universidad, mientras que la Constitución de 1918 incorpora la autonomía departamental (territorial) y la creación de los Consejos autónomos (en el Poder ejecutivo). Así la educación primaria, que desde 1877 había sido
separada de la Universidad, pasa tener autonomía con rango constitucional, como ocurrió igualmente con la educación universitaria, que hasta entonces sóo tenía autonomía con rango legal.

En ese período avanzan también doctrinariamente los reclamos estudiantiles, en el país, con el Primer Congreso Internacional de Estudiantes americanos (1908) y el Movimiento de Reforma universitaria de Córdoba (1918).

Ambos acontecimientos reclamaban, entre otros principios, el del co-gobierno universitario. La ley orgánica de 1908 había dispuesto ya la representación de los docentes en los Consejos de Facultad, y la representación indirecta de los estudiantes.
En la década 1920-1930 se estatuyeron las Asambleas del Claustro y apareció la primer representación estudiantil directa en la Facultad de Química, por la ley 8394

Evolución, en el Uruguay, del concepto de autonomía de la educación a partir de la Constitución de 1918

En primer lugar, esta fecha parece tener una significación particular, porque esa reforma constitucional, que estableció la originalidad de un Poder ejecutivo dual, con un Consejo Nacional de Administración integrado por los dos partidos mayoritarios, parecía inaugurar, como decían los contemporáneos, una etapa definitiva de liberalismo político
estable, sometido a normativas jurídicas. Era la época de “la Suiza de América”.

La realidad institucional que siguió fue, en cambio, muy azarosa. En 1933 hubo un golpe de Estado que se constitucionalizó casi enseguida con muy poco liberalismo y que fue derrocado por otro golpe de Estado en 1942, que restauró un liberalismo azaroso, que duró hasta 1968. Desde 1968 hasta 1971 hubo un régimen aparentemente liberal, porque las Cámaras no fueron disueltas, pero el Poder Ejecutivo gobernó al margen de la Constitución, sin respetar las libertades fundamentales. Entre 1973 y 1984 el país sufrió una dictadura militar muy represiva y desde entonces, aunque las instituciones aparentes retomaron las formas jurídicas propias del liberalismo, el funcionamiento real sigue mostrando un fuerte debilitamiento de lo que se ha dado en llamar “el estado de derecho”.

Por estas razones, intentar precisar cuál fue “el concepto de autonomía en la educación” en estos últimos casi 100 años va a obligar a muchas digresiones,
precisiones y salvedades. Una cosa es la normativa jurídica y otra cosa es la realidad política. Aunque esta observación es obvia, lo que ha ocurrido es que la distancia que separa la realidad política del derecho, fue y sigue aumentando.

Peculiaridad de la doctrina uruguaya en materia de normas sobre enseñnza, a partir de la Constitución de 1918.

Un dictamen del Dr. Horacio Cassinelli Muñoz, profesor emérito de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales, al respecto, dice:

“La introducción en el texto constitucional uruguayo del concepto de autonomía respecto del Poder Ejecutivo primero y respecto del Poder Legislativo después, dio lugar a originales desarrollos doctrinales que constituyen el más importante aporte uruguayo a la consideración del tema en Derecho comparado.
Justino JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA enfatizó este carácter del Derecho uruguayo :
[...] las singularidades que ofrece nuestro Derecho constitucional positivo en esta materia, hacen imposible que se recurra, para su explicación, a doctrinas que han sido elaboradas en el extranjero sobre la base de textos y orientaciones diferentes. Es necesario construir una teoría nacional de las autonomías: para nuestro Derecho positivo y construida sobre nuestro Derecho positivo.
2. Las dos razones que fundamentan el principio autonómico: en él confluyen la necesidad de libertad y la de eficiencia. En este aspecto la contribución de Justino JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA consistió en elevar a la categoría de principio constitucional más general el concepto sostenido desde mucho antes (a partir del dictamen de 1922 de Justino JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA y José Pedro VARELA) por la Cátedra de Derecho Constitucional acerca del alcance de la autonomía frente al Poder Legislativo.
Ya se reconocía en el dictamen mencionado, aprobado por el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República en 1922, que los Consejos autónomos mencionados en el art. 100 de la Constitución de 1918 poseían
[...] atribuciones que les son privativas y que, por ello mismo, deben reivindicar contra toda tentativa de absorción por el Ejecutivo y aun de desconocimiento por las Asambleas Legislativas(Véase Dictamen acerca de inconstitucionalidades de la ley 18.437, web)

El concepto de autonomía después del golpe de Estado de 1933

El gobierno de Gabriel Terra, quien dio el golpe de estado de 1933, además de las fuerzas opositoras liberales, encontró una fuerte oposición universitaria, que se manifestó entre otras formas por el Estatuto Universitario de 1935, especie de manifiesto orgánico a favor de la autonomía educativa. Por ese motivo - además del control social y del clientelismo - el gobierno decidió crear un Ente Autónomo separado de la Universidad, con el nombre de Enseñanza Secundaria. Curiosamente, este nuevo ente autónomo tuvo por ley - un Consejo integrado por tres consejeros electos por los profesores, otros tres designados: uno por Primaria, otro por UTU y el tercero por la Universidad (intervenida). Los seis consejeros elegían el candidato a Director General, que sería designado por el Poder Ejecutivo. De modo que el gobierno consagraba algunos principios autonomistas
aún dentro del sistema político semi-autoritario existente. Consejeros electos por los docentes, otros designados por otros Consejos autónomos de enseñnza, el séptimo
miembro, Presidente del cuerpo, electo a su vez por los anteriores.

Había fuerte participación de electores en el gobierno (por mandato legal), y además, la fórmula de Ente Autónomo, daba, por mandato constitucional, mayor autonomía de gestión.
¿Cómo funcionó en la práctica, este esquema tan heterodoxo, de un cierto liberalismo
en el gobierno de la educación media bajo un régimen político nacional dirigido por las derechas de ambos partidos tradicionales?

Esta ley de 1935 siguió rigiendo hasta 1969. Hay que tener en cuenta que fue un período de gran crecimiento del alumnado y que los Liceos surgían por doquier, al principio, sobre todo en el interior del país, como Liceos populares primero, prontamente reconocidos por las autoridades educativas al influjo de gestiones de legisladores de esos departamentos. Esto conllevaba a consolidar en los cargos docentes, en forma precaria
a las personas relativamente idóneas que habían asumido en forma honoraria esas tareas. Desde el punto de vista de la calidad de la enseñanza, había, desde luego, un descenso. Desde el punto de vista del gobierno futuro del servicio, no había en cambio ningún riesgo de radicalización profesional de estos docentes improvisados que pudiera llevar a un descontrol “subversivo”. El Instituto de Profesores va a ser creado en 1951, lo que hace que la primera generación de egresados aparezca en 1955, (hecho que incide
en las movilizaciones docentes ulteriores)

Finalmente, el clientelismo político podía seguir funcionando perfectamente en este nuevo Ente autónomo, casi al igual que en los restantes, porque en el profesorado no se había manifestado ningún movimiento sindical vigoroso, con conciencia profesional. Sólo actuaban en las elecciones de Secundaria agrupaciones con afinidades amistosas, ajenas a definiciones ideológicas alternativas.

Es necesario agregar que cuando se creó el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, en 1918, no se pensó en cargos electivos. Sólo se requirió el título de maestro y su ejercicio por diez años.

Nuevas características de la autonomía de la enseñnza superior en la
Constitución de 1952

Esta Constitución fue elaborada en circunstancias muy especiales. El Presidente de la República recientemente electo, Andrés Martinez Trueba, partidario del sistema colegiado, impulsó, ofreciendo su renuncia, posibilitar la instalación de un Consejo Nacional de Gobierno, mediante una reforma constitucional. Logrado un marco de acuerdo interpartidario, se discutieron fuertemente otros aspectos y diversos movimientos populares (especialmente los estudiantiles) inspirados por la izquierda, lograron muy importantes garantías de autonomía de los entes de enseñnza.

Para comenzar, esta Constitución de 1952 (que en esto, en esencia, siguió casi igual
hasta hoy) tiene dos capítulos dentro de los Entes autónomos: uno dedicado a los Entes industriales y comerciales y otro a los Entes de enseñnza

Este último, dice:

“Art. 204.- La Enseñanza Pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal, Industrial
y Artística, serán regidas por uno o más Consejos Directivos autónomos.
Los demás servicios docentes del Estado también estarán a cargo de Consejos Directivos autónomos cuando la ley lo determine por dos tercios del total de componentes de cada Cámara.
Los Entes de Enseñanza pública serán oídos, con fines de asesoramiento en la elaboración de las leyes relativas a sus servicios, por las Comisiones parlamentarias. Cada Cámara podrá fijar plazos para que aquéllos se expidan.

Este artículo 204 es fundamental. Es muy poco probable que los principios en él enunciados, que tienen vigencia en muchos países avanzados, tengan sin embargo en ellos carácter constitucional. Aquí se reconoce en forma expresa que todos los servicios de enseñanza pueden aspirar a autonomía y además, que el Poder Legislativo debe oírlos, preceptivamente.

Luego, en el artículo que sigue:

Art. 205.- Los Consejos Directivos de los servicios docentes serán designados o electos en la forma que establezca la ley sancionada por la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
El Consejo Directivo de la Universidad de la República será designado por los órganos que la integran, y los Consejos de sus órganos serán electos por los docentes, estudiantes y egresados, conforme a lo que determine la Ley sancionada por la mayoría determinada en el inciso anterior.

Aparecen nuevas garantías de naturaleza constitucional: 1) la posibilidad de elección de los dirigentes; 2) la reducción de mayoría (para crear un nuevo Ente autónomo se precisa 2/3); 3) una enorme protección para la Universidad, que se concretó posteriormente con la Ley orgánica de 1958, vigente.

Todavía esta Constitución incorpora en forma expresa atribuciones que ya la ley no podrá discutir: dictar los Estatutos de los funcionarios. Los Entes de enseñanza tienen límites para esos Estatutos (arts. 58 y 61 de la Constitución y reglas fundamentales que establezca la Ley) pero también se fija límite al Poder Legislativo, al decir: “espetando la especialización del ente”:

Art. 206.- Los Consejos Directivos tendrán los cometidos y atribuciones que determinará la Ley sancionada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.
Dichos Consejos establecerán el Estatuto de sus funcionarios de conformidad con las bases contenidas en los artículos 58 y 61 y las reglas fundamentales que establezca la Ley, respetando la especialización del ente.

El último artículo constitucional, no siempre bien comprendido, suprime, para los Entes de enseñnza, la posibilidad de destitución por gestión (no se menciona el art. 199, que por eso es omitido). Los Consejeros de los Entes de enseñnza sólo pueden ser
destituidos por ineptitud, omisión o delito. No por desacuerdo del Poder Ejecutivo con su gestión. Véase:

Art. 207.- Serán aplicables, en lo pertinente, a los distintos servicios de enseñnza los artículos 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202 y 203.”

Vigencia del concepto de autonomía de la enseñanza en el período 1952-1973

Hasta después de la guerra de Corea (1953) la sociedad uruguaya dispuso de una coyuntura internacional favorable para sus exportaciones y eso repercutió en la vigencia
del liberalismo político. En 1959 el gobierno cambió radicalmente la orientación económica en un sentido librecambista. La coyuntura internacional desfavorable y la nueva política económica repercutieron en el descenso de nivel de vida de amplios sectores populares.

Se intensificaron las luchas sindicales; y los movimientos estudiantiles, tanto a nivel universitario como a nivel de la enseñanza media, se fueron radicalizando. Hoy no caben
dudas de que las decisiones políticas del gobierno, de carácter conservador y represivo,
fueron el detonador de esas movilizaciones sindicales que también alcanzaron a los profesores de la segunda enseñanza. La interpretación de partidos y órganos de derecha
era, por el contrario, que las influencias ideológicas extranjeras (el comunismo, la Revolución cubana, mayo del 68 francés) eran la causa de tales conductas colectivas.

La autonomía de Enseñanza Secundaria, en este período (1967-1973) significó de alguna manera, un conflicto trascendente, en el que se enfrentaron principios y valores que luego sucumbirían, por largo tiempo, con la dictadura militar.

En 1968, como resultado de las elecciones entre profesores de Enseñanza Secundaria para ocupar tres cargos de Consejeros, fue electo un profesor que representaba, por primera vez, una orientación sindicalista y autonomista. Así como, 30 años antes, había actuado el Grupo Universidad contra la segregación de Secundaria, en 1967 apareció otro grupo, Nueva Secundaria, defendiendo la autonomía y exhortando a un sindicalismo comprometido. Como se sabe, el Consejo de Secundaria estaba integrado por seis miembros, tres electos por los profesores, uno designado por la Universidad, uno por Primaria y uno por UTU. En la votación para elegir Director general, ya fundada FENAPES, el sindicalismo autonomista influyó por haber obtenido un consejero y así obtuvo tres votos Arturo Rodríguez Zorrilla, siendo el candidato más votado. Era una figura muy respetada por tener una larga trayectoria y gran competencia, pero a la vez, aunque no podía ser tildado de izquierdista, su apoyo a la República española había mostrado una militancia antifascista clara. No era, sin duda, un candidato simpático a un gobierno claramente de derecha, el de Jorge Pacheco Areco, que había comenzado con un gabinete formado con integrantes de la cúpula empresarial (lo que en la tradición del país significaba una provocación de ultraderecha).

En un marco social de grandes conflictos laborales y de intensa movilización de sindicatos obreros y estudiantiles, las repercusiones sobre la vida liceal eran incesantes. Un Consejo desintegrado, de seis miembros, sin que se proveyera el cargo de Director General, implicaba una omisión flagrante por parte del Poder Ejecutivo, ante el cual había llegado, el 30 de abril de 1968, la propuesta de designación. Varios juristas de prestigio sostenían que a partir de las nuevas normas constitucionales no era necesaria la venia
del Senado para proceder a nombrar al Director general propuesto. Sin embargo, el 5 de
julio una Comisión del Senado citó a Arturo Rodríguez Zorrilla para “oir su opinión con respecto a planes de enseñanza”.
Arturo Rodríguez Zorrilla contestó señalando que esa invitación excedía lo previsto en la legislación vigente. Y que si correspondía mayor información sobre el candidato, era el Consejo de Enseñanza Secundaria quien debía proporcionarla. Y agregó “Ruego al señor senador que me perdone por añadir a lo anterior una reflexión: no sería digno de ejercer esta función pública quien para allanar su acceso a ella, estuviera dispuesto a someterse al tratamiento insólito que la invitación motivadora de esta respuesta configura.”

En una publicación conjunta de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y de FENAPES, se dice:

“Fue una lección de ética que brindó a todos sus colegas, al Senado y a la opinión. Y a la vez fue un acto político lúcido. El cargo de Director, para el que tenía capacidad, vocación y ambición, sólo tenía sentido dentro del derecho, que entonces consagraba la autonomía de la enseñanza no universitaria en grados menores que esta última, pero muy significativos. Concurrir a la Comisión del Senado significaba aceptar un menoscabo del derecho (además de una humillación). Dadas las circunstancias y - ¿quién sabe si en todo momento? - participar de un acto ilegal hubiera quitado, en forma absoluta, legitimidad a su fuerte vocación de gobernante de la enseñanza.”

La prensa de derecha de la época presentó el asunto como “una falta de respeto al Senado” minimizando u omitiendo el marco institucional, pero lo hechos confirmaron luego que lo que el gobierno no admitía era, precisamente, la autonomía.

La “Interventora” y el Consejo Interino

El Poder Ejecutivo decidió destituir al Consejo de Enseñanza Secundaria y nombró en su lugar un”Consejo interventor “ el 12 de febrero de 1970. Eran dos las violaciones de la Constitución: por un lado, como se explicó por el art. 204 de la Constitución no es aplicable a los Entes de enseñanza el art. 199, que permite la destitución de consejeros de Entes industriales y comerciales por gestión. Pero, además, la ley no le permitía nombrar sustitutos. Encontró para ello cinco oscuros profesores suficientemente ignorantes o inescrupulosos que lo primero que hicieron fue sumariar a medio sueldo a los miembros de la Comisión Permanente de la Asamblea del Art. 40, que habían sido elegidos legalmente, con intervención de la Corte Electoral. La resistencia autonómica se expresó con la creación de un Fondo de Solidaridad con esos y muchos otros profesores también perseguidos.

La situación creada por este nuevo desborde del Poder Ejecutivo, pasado un tiempo, y
con el propósito de superar la impopularidad de la Interventora, que había clausurado tempranamente los cursos de 1970, motivó que el Poder Legislativo instalara, por ley, un “Consejo Interino“ el 12 de junio de 1971, formado por un equipo de profesores más respetados que los que se habían prestado a formar el Consejo interventor. También el Poder Legislativo, aunque procuraba reducir los desmanes que producía el gobierno, violaba así la Constitución, dado que podía legislar, pero no podía designar.

Conviene precisar que el propio Parlamento estaba avasallado por el Poder Ejecutivo,
quien gobernaba bajo permanentes “medidas prontas de seguridad”. Esta figura, de
carácter excepcional, cuando en una ocasión el Parlamento las derogó fueron restablecidas al día siguiente por el Poder Ejecutivo. Casi al finalizar el período, la Cámara baja, por fin, votó el juicio político al Presidente Jorge Pacheco Areco, quien, no obstante, concluyó su mandato.

La ley 14.101 de enero de 1973

En 1972 se instaló un nuevo gobierno, resultado de las elecciones de 1971, en las que ambos partidos tradicionales obtuvieron cada uno un 40% de votos y el Frente Amplio, nueva coalición de izquierda, el 18% restante.
El nuevo presidente, Juan María Bordaberry, para lograr mayoría parlamentaria, gobernó con su partido y una alianza con el ala derecha del Partido Nacional. En el campo educativo, se aprobó la ley 14.101 que reunía en un solo Ente autónomo Primaria, Secundaria y UTU. Se le llamó CONAE (Consejo Nacional de Educación) y su integración fue política, esto es, tres miembros para el partido gobernante y dos miembros para el partido de la coalición. Secundaria y UTU perdían los delegados electos que tenían, los tres servicios, que quedaban a cargo directo de Consejos subordinados (también nombrados por el poder político), perdían en especialización. En lugar de avanzar (como
lo había hecho la Constitución de 1952) en el camino de garantías crecientes a la autonomía, esto era un golpe de timón ahora supuestamente legal, pero inconstitucional, de retroceso en ese proceso.

Esta situación, de todos modos, duró muy poco, porque en febrero de 1973 las fuerzas armadas impusieron al Poder Ejecutivo la creación de un Consejo de Seguridad Nacional (inconstitucional, desde luego) y en junio de ese mismo año disolvieron las Cámaras e instauraron una dictadura particularmente cruel. La censura fue total, la vida política se eliminó y muy especialmente los estudiantes, maestros y profesores fueron perseguidos, controlados y sometidos a vigilancia especial.

Como la ley que creó el CONAE también estableció el voto secreto y obligatorio y el voto por correspondencia para las elecciones universitarias (en la creencia de que el gobierno universitario surgía de la acción disciplinada de minorías activas), el gobierno dictadorial esperó hasta las elecciones de setiembre de ese año 1973, sin intervenir la Universidad. Lo que ocurrió fue lo contrario de lo esperado por el gobierno: la fuerte tradición liberal del país se expresó en esa elección, que no sólo ratificó a las autoridades de la Universidad, sino que las listas que apoyaban al gobierno dictatorial no alcanzaron, juntas, al 2%. Poco después, y tomando como motivo el estallido de una bomba en la Facultad de Ingeniería (acto muy probablemente orquestado), la Universidad fue intervenida y siguió la misma suerte de vigilancia directa por parte del poder militar.

Describir lo que fue el sistema educativo durante la dictadura llevaría demasiado espacio. Mencionemos sólo, (como ilustración) que había un vedor militar en cada servicio, (además de los jerarcas civiles nombrados), que un anuncio del CONAE, publicado en todos los diarios montevideanos el 13 de marzo de 1975 para elección de cargos en la Inspección Departamental de Montevideo, establecía la prioridad absoluta para “esposas de militares” incluso antes que “esposas de Inspectores” y desde luego que el resto del personal docente. En cuanto a los alumnas, no podían usar pantalones ni zapatos con plataforma, los varones no podían usar el cabello “que cubriera el cuello de la camisa”.
Los contenidos, naturalmente, no sólo fueron retrógados a texto expreso, sino que el clima represivo multiplicaba, en la mayoría de los docentes no expulsados del sistema, una autocensura inspirada en el miedo, consciente o inconsciente, a perder el puesto y de pronto algo más que el puesto.
Los documentos oficiales hablaban del “Proceso con mucho eufemismo, sugiriendo
que ese conjunto de prácticas de naturaleza castrense aseguraban en la enseñnza el órden necesario para mantener el sistema político vigente. (Véase Antonio Romano, De la reforma al proceso, Montevideo, Trilce, 2010)
Dos docentes prestigiosos y muy respetados, Fernando Miranda y Julio Castro, están hasta hoy desaparecidos, después de haber sido detenidos por la Fuerzas conjuntas,
como se denominaban las fuerzas represoras. Para dar una idea de la amplitud de la represión y al mismo tiempo de la impunidad ulterior, puede decirse que, muy posteriormente a la dictadura, por decisión del gobierno del Frente Amplio que accedió en 2005, un grupo de investigación histórica, con muchas dificultades y gran rigor, identificó casi 200 desaparecidos, muchos de los cuales sin ningún vínculo con partidos o movimientos políticos. Mientras que el número de militares procesados es escasísimo.

Desde 1985 hasta 2008

La salida de la dictadura militar no fue simple y en varios aspectos aún no terminó.
Los dirigentes civiles tenían conciencia de la impopularidad particular del CONAE y decidieron cambiar la ley anterior por una de emergencia...que duró 23 años. Esta ley
de emergencia eliminó algunas disposiciones de la anterior pero conservó el esquema centralizado en un solo Ente autónomo separado de la Universidad, y mantuvo el principio de dependencia que implicaba designar, en lugar de elegir a los miembros del nuevo CODICEN que creó la ley 15.739.
El nuevo gobierno tenia mucho para reconstruir, (por ejemplo reintegrar docentes y otros funcionarios destituidos), pero en este campo de recursos humanos, ni todos pudieron volver, ni eso aseguraba volver al nivel anterior. Además, nadie imaginó posible reclamar prueba de competencia a los que ingresaron en el período dictatorial. Era urgente invertir en construcciones y, dadas las prioridades de los objetivos tradicionales: clientelismo y control social, fuera de la edificación escolar, los contenidos fueron orientados de acuerdo con directivas internacionales de moda, que asignaban a la educación una función instrumental al desarrollo económico. Se postulaba una educación para el mercado, en lugar de una educación para hombres conviviendo en la sociedad más solidaria que sea posible construir. Así aparecieron, por ejemplo, las “Gerencias” que aún ahora no fueron totalmente suprimidas.

Una esperanza frustrada

La llegada al gobierno del Frente Amplio, en 2005, apareció como una esperanza de
recuperación de los valores que representan la autonomía. Y en efecto, la instalación de una Comisión Nacional para dirigir el Debate Educativo (CODE) y luego la realización del primer Congreso de Educación Julio Castro iban marcando el buen camino de una participación masiva, como nunca se había visto, y además estaba impulsada por el gobierno, lo que anunciaba acuerdos y soluciones de carácter autonomista y respetuosas del ordenamiento constitucional.(Véase Miguel Soler Roca, Notas sobre el Proyecto de Ley General de Educación, 22/8/2008, web)

Por el contrario, súbitamente el Ministerio de Educación y Cultura, sin ninguna consulta, presentó sucesivos proyectos de ley, con pocas variantes, que, objetados por todas las autoridades de educación, todos los sindicatos de la enseñanza, los catedráticos de Derecho constitucional, las diversas ATD y además el Congreso Liber Seregni del Frente Amplio, fueron convertidos en la ley 18457.

Inconstitucionalidades de la ley 18.437 según dictamen del Profesor Emérito Horacio Cassinelli
6. Inconstitucionalidad de la ley 18437, por desconocer el concepto constitucional de especialización del ente.
7. Inconstitucionalidad de la composición del Consejo Directivo de APEP.
8. Inconstitucionalidad de la atribución al Poder Ejecutivo de potestad reglamentaria de las elecciones de miembros electivos del Consejo Directivo de ANEP.
9. Inconstitucionalidad del art. 71 de la ley 18437.
10. Inconstitucionalidad de la clasificación de modalidades y niveles de la educación contenidas en la ley 18437.
11. Inconstitucionalidad del Instituto Universitario de Educación y del Instituto Terciario Superior.
12. Inconstitucionalidad de la creación y regulación por ley, de los Consejos de Participación.
13. Inconstitucionalidad de la creación y regulación por ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
14. Violación del derecho de los padres respecto de las opciones educativas para sus hijos.
15. Otros aspectos inconstitucionales de la ley 18437. La nómina de diversas inconstitucionalidades reseñada en los parrafos precedentes no es taxativa; un análisis más detallado del contenido y del designio de la ley 18437 puede detectar otras.
Véase el texto completo de este dictamen en la web.

Epílogo

Quien esto escribe, vaciló mucho ante la honrosa invitación de FENAPES, porque se preguntó ¿para quién escribir?

Porque el foro público correspondiente es desolador. FEUU realiza una Convención este año 2011 sobre el exclusivo tema de nueva ley orgánica universitaria, y no se destacaron en esta ocasión relevante ninguna de las múltiples inconstitucionalidades que contiene la ley vigente 18.457, algunas de las cuales afectan la autonomía universitaria.
Por el contrario, se emplea el vocabulario de esta ley al decir sistema nacional de
educación pública sin aclarar nada. Este sistema inventado por esta ley, estaría constituido también por el Ministerio de Educación y Cultura, lo que es manifiestamente inconstitucional. FEUU, ADUR, el CDC, la Asamblea del General del Claustro de la Universidad, ¿no se enteraron de los dictámenes de los más prestigiosos constitucionalistas que señalaron que la Universidad puede iniciar acción de inconstitucionalidad sobre la ley 18.457 en lo que afecta a la autonomía universitaria? ¿Hubo alguna iniciativa al respecto?

En los partidos políticos y las publicaciones que se consideran a sí mismos de izquierda, ¿hay alguna expresión de que el tema de la autonomía de la enseñanza tenga vigencia, que hay que reclamar su respeto?

Quien esto escribe intentó responderse a sí mismo sobre las causas de este ensordecedor silencio y llega la conclusión de que son varias. Descendimos muchísimo en los niveles de discusión pública, en gran parte por los efectos lógicos de la dictadura, que siguen actuando a pesar del tiempo, puesto que logró destruir las bases culturales del sistema educativo; descendimos por el incremento paralelo de los medios de comunicación, que cumplen siempre, en sociedades de competencia, una función atomizadora y descultivadora, acentuada cuando, precisamente, fracasa lo educativo; descendimos en la capacidad de resistencia nacional como sociedad - a las crecientes presiones de los grandes centros internacionales de poder económico y político, que se manifiestan en lo económico, lo político y lo ideológico.

Hoy, tenemos profesionales que cometen faltas a la ortografía, bachilleres que tienen dificultades para comprender un texto sencillo, liceales que se comunican por monosílabos o gestos. En el país de José Pedro Varela y de Carlos Vaz Ferreira, hay que refundar la alfabetización y la lógica. Y para ello, luchar por la autonomía de la educación.

Por eso acepté la invitación de FENAPES.

Bibliografía sugerida


Cassinelli Muñoz, Horacio, Dictamen sobre la constitucionalidad de la ley 18.437,
Montevideo, 2008, web.
Soler Roca, Miguel, Notas sobre el Proyecto de Ley General de Educación, Barcelona,
2008, web.
Pérez Pérez, Alberto, Los Entes autónomos de enseñanza en la Constitución nacional,
Montevideo, Universidad de la República, 1990.
Faraone, R. Y Pedretti, S., (compiladores), La ley de educación 18.437 y antecedentes,
Montevideo, FENAPES y AFUTU, 2010

Carta abierta a la Presidenta de Antel, Ing. Carolina Cosse

Carta abierta a la Presidenta de Antel, Ing. Carolina Cosse
En el reportaje publicado en Búsqueda el 22/XII/2011, usted señala, con
mucho acierto, la contradicción que implica, para un organismo del Estado,
hacer publicidad para aumentar el consumo, muy probablemente por encima
de las necesidades de los usuarios.
Y concluye sus reflexiones exhortando a aportar ideas al respecto.
Creo tener algunas credenciales para apoyarla plenamente en su inquietud:
fui grado 5 en Historia de las Ideas en la Fac. de Derecho, lo que me obligó
a estudiar también las ideas económicas y la funcionalidad de la publicidad
en el régimen capitalista. Paralelamente tenía una cátedra de Teoría de la
comunicación social en la Fac. de Humanidades, disciplina poco desarrollada
entre nosotros, precisamente porque el foro público está inundado por los
mensajes de los medios, en su inmensa mayoria privados y por tanto dependientes
del mercado publicitario.
La primera reflexión es felicitarla. Es usted la primera dirigente de la fuerza
política gobernante que se plantea estas interrogantes.
La segunda reflexión conduce a preguntarse: ¿es posible, en el capitalismo,
que el Estado regule la publicidad? Y la respuesta es afirmativa. Entre nosotros,
se regula la publicidad de medicamentos, se prohibe la de estupefacientes,
se está intentando orientar solidariamente la publicidad de las mutualistas, etc.
Es cierto que paralelamente distintos sectores del Estado (Intendencias, Ministerios,
y otros Entes autónomos) ceden el espacio público y se pliegan ante las presiones
de los publicitarios, sin plantearse por ello ninguna responsabilidad.
El sistema económico difunde una concepción naturalista de la realidad y esta
concepción es compartida ingenuamente por la mayoria de los actuales responsables
de la cosa pública. Sólo una formación política y económica de los militantes de una
fuerza política que se dice transformadora puede conducir a un cambio racionalizador.
Y concluyo con una pregunta: Si el Estado decidió, en materia de telefonía celular,
establecer un oligopolio de sólo tres competidores, ¿por qué no fija un tope, a cada
uno de los tres competidores, de su inversión publicitaria? Defendería así, no sólo
al Ente público, sino a toda la sociedad.
Vuelvo a expresarle todo mi apoyo. Roque Faraone

Economía, ideología y publicidad

Versión española de un artículo publicado en Handbook of Political Economy of Communication (Willey, Blackwell, 2011) by Janet Wasko, Graham Murdock and Helena Souza (International Assoc. for Mass Comm. Research)

Economía, ideología y publicidad



Un manual de economía política de la comunicación debe procurar
definiciones diversas, para respetar las posibles opciones del lector. Jean-Paul
Sartre sostuvo que en cada momento histórico hay sólo dos concepciones válidas
del mundo: una, defensora del sistema productivo vigente, la otra, alternativa.
En los tres segmentos de esta contribución al manual se procederá con la
metodología que emana de esa premisa.

I.- Economía

Por “economía política”, a veces “economía”, o “ciencias económicas”, se
entiende generalmente los aspectos de la vida social relacionados con la
producción y distribución de bienes y servicios. Son estudios científicos que
integran las ciencias sociales y humanas, distinguiéndolas de las ciencias
exactas y naturales, estas últimas de carácter experimental. Se recuerda así que
existen limitaciones para poder atribuirle un valor “científico” a las
observaciones y avances que procuran las ciencias sociales y humanas, y que
éstas se ocupan de un todo (lo humano y lo social), cuya fragmentación dificulta
la comprensión profunda de la realidad.

En la ciencia económica, como en todas las ciencias sociales, el lenguaje
utilizado reclama constante precisión, otra diferencia con las ciencias exactas
y naturales, en las que la taxonomía tiene una cierta permanencia[i]. Tomemos
como ejemplo un concepto básico: “capital”. Para un economista proclive a
aceptar el sistema productivo existente como si fuera un hecho natural, (y no
social e histórico) o, incluso aceptando su historicidad, evaluándolo como un
dato de la realidad, “capital” podrá ser “acumulación de riqueza”, “importantes
medios de pago disponibles para invertir” u otras variantes inspiradas en la
misma perspectiva. En cambio, para un economista crítico o más crítico de la
realidad social existente, “capital” podrá ser probablemente “trabajo acumulado”
u otra expresión que revele un enfoque divergente. Tomemos otro ejemplo: una
idea muy expandida en el lenguaje corriente, y a veces científico, es la
trasmitida por la expresión “economía de mercado”. Esta expresión, probablemente preferida a la de “economía capitalista” porque aparece como más neutra, es de una enorme vaguedad. Tanto Suecia como Estados Unidos o Japón, son “economías de mercado”. Pero basta tomar un solo factor económico, por ejemplo el salario, y entonces vemos que sólo con la licencia anual las diferencias son abismales (dado que van desde 5 semanas a 3 días) sin contar otras numerosas protecciones sociales (salud, vejez, etc.) que alteran también los costos de producción y modifican por tanto la competencia propia de un mercado. No son iguales esas “economías de mercado”. Y no hablemos de expresiones desbordantes de compromiso privatista, como “tasa natural de desempleo” o “mercado de competencia perfecta”, de amplio recibo en medios académicos y de gobierno. (Estas expresiones adquirirían cierta legitimidad científica si fueran formuladas como “tasa normal de desempleo en sociedades de capitalismo avanzado” o “mercado de competencia perfecta en un modelo matemático abstracto”).

No se pretende invalidar todos los aportes del pensamiento económico
predominante, sino relativizarlos. Desde luego que hay economistas de renombre
que no opinan así. Alain Minc, en 1997, afirmó: “No hay otra economía que la
economía de mercado”[ii] E incluso agregó: “En la historia de la humanidad desde
que es humanidad, el mercado es un estado natural de la sociedad”.

Hay otro factor, no vinculado al lenguaje, que incide negativamente en
la apreciación del valor que debe asignarse a los conocimientos aportados. Se
trata del prestigio intelectual que poseen, legítimamente, los estudios
matemáticos. En la medida en que las ciencias económicas aplican estadísticas y
otras ramas de las matemáticas, las conclusiones de los economistas aparecen
revestidas de un prestigio de cientificidad relevante. Y esto es sólo legítimo,
hasta cierto punto, cuando las matemáticas son aplicadas por los economistas a
los bienes o a las personas, pero no cuando son aplicadas a las relaciones entre
los seres humanos, o a los símbolos creados por los hombres para sus
intercambios. Un ejemplo: obtenemos un PBI en un país determinado, y este dato
cuantitativo tiene valor, según la pulcritud de las metodologías aplicadas,
según la calidad de las fuentes, para apreciar los cambios en la riqueza de ese
país o para compararla con otro. Pero si hablamos del PBI per cápita ignoramos
las escalas de retribuciones, que van de 20 a 80 veces sobre los salarios más
bajos, sin contar las rentas. Ni desocupados ni marginados.

Por otro lado, en la parte de la ciencia económica que ahora es
denominada “macroeconomía” son de amplio recibo los modelos matemáticos[iii]
aplicados a la evolución de las economías nacionales y de la economía
internacional, modelos que operan, como no puede ser de otro modo, con
variables limitadas, elegidas a partir de la información disponible[iv] y que
reposan sobre hipótesis inverificables[v], salvo en el devenir histórico futuro.
Algunos de esos modelos reposan sobre teorías que sostenían, a comienzos de este
siglo XXI, que las hipótesis de los ciclos habían caducado. Esta crisis de 2008,
que ya tiene autorizadas opiniones que la consideran tanto o más grave que la de
1929[vi], o que sin evaluarla no la definen como coyuntural sino sistémica[vii],
parece derrumbar esa aparente certeza. Y conforta las premisas formuladas al
inicio.

Además la mayor parte de las veces la materia prima de las estadísticas
sociales provienen de fuentes estatales que elaboraron los criterios de
definición para la recolección de datos, fuentes condicionadas por las
relaciones de poder existentes en cada sociedad. Un ejemplo frecuente es el de
la definición de “desocupado” que suele reducir el número real de los que buscan
empleo, con la finalidad de prestigiar la acción de los gobiernos.

A) Economía de la comunicación

En economía de la comunicación aparecen nuevos problemas, que conviene
definir en forma previa.

Para las corrientes de pensamiento económico poco críticas del sistema
capitalista, la economía de la comunicación tiene como objeto “la producción y
distribución de bienes y servicios comunicacionales”. Esto es: cubre un sector
de las actividades económicas. En cambio, para quienes critican al actual
sistema económico, la economía de la comunicación es entendida como la esencia
articuladora del actual sistema productivo, tanto para asegurar la circulación
de bienes, como para conservar el consenso e intensificar la reproducción
ideológica. De ahí se deriva que el mismo objeto de conocimiento (la economía de
la comunicación) merece ser estudiado bajo dos ángulos diferentes: como sector
de la economía total y por su función articuladora de la producción, circulación
y consumo de bienes y servicios. Además de la función estratégica que cumplen
les medios de comunicación con el significado de sus mensajes, de mantener y
perpetuar el dominio político y económico.

También es preciso distinguir, dentro de la economía de la comunicación, al
menos dos categorías: a) la comunicación de masas (fundamentalmente los medios
masivos de comunicación: prensa, radio, televisión) y b) los instrumentos
sociales de comunicación interpersonal. En esta segunda categoría cabe incluir
la telefonía, fija y móvil; los correos (públicos y privados) y el correo
electrónico, relativamente separable de la red de Internet, red que, a su vez,
participa en diferente grado de ambas categorías.

Todo es, sin duda, “comunicación”. Pero el primer grupo (el de la
comunicación de masas) se caracteriza por una actividad que produce mensajes,
muy centralizados, que son recibidos por multitud de individuos que no
participan en absoluto en la confección de esos mensajes. El segundo grupo (los
instrumentos de comunicación interpersonal), por el contrario, aunque reposa
sobre estructuras igualmente concentradas y proviene de un desarrollo
tecnológico propio del capitalismo, posibilita formas de comunicación en las que
los individuos son emisores de mensajes.

En ambos grupos de actividades comunicacionales observamos que opera la
misma lógica expansiva, con modalidades específicas. Tomemos dos
ejemplos, uno en cada grupo. En el grupo de la comunicación masiva, la
televisión. En el grupo de la comunicación interpersonal, el PC (la computadora
personal).

La televisión, que tiene poco más de medio siglo, por distintos
procedimientos ha ido expandiéndose geográficamente y en la actualidad puede
decirse que todo el planeta recibe o puede recibir mensajes televisivos. En
cuanto a los seres humanos, la cobertura universal se ve limitada por razones de
aislamiento, con costos más elevados de recepción, y según las políticas de
emisión, los distintos estratos sociales acceden o no a esa recepción. No
obstante, la lógica expansiva a la que se aludía, impuesta por el sistema
productivo, conduce a la saturación. La oferta de recepción de programas
televisivos diferentes, y a la vez reiterativos, supera las posibilidades del
consumo más extraordinario que se pudiera imaginar. Esto implica por un lado
inversiones cuantiosas. A su vez estimula el tiempo de ocio improductivo de los
consumidores, lo que no debería merecer objeción si los contenidos trasmitidos
fueran en general cultivadores, pero la realidad muestra que la proporción en
que aumentan los canales suele estar acompañada del descenso de calidad de los
contenidos.

El caso del PC, que aquí lo consideramos como el instrumento clave para la
actual comunicación interpersonal, es aún más nuevo en la historia humana. Y su
desarrollo prodigioso suele ser presentado como producto “de la ciencia y de la
tecnología”, en abstracto, lo que refuerza el prestigio de los maravillosos
instrumentos que hacen posible su uso. Los compradores son estimulados
constantemente a nuevas adquisiciones que son presentadas en el mercado en una
sucesión siempre programada por los empresarios. Esta lógica parece fundada
exclusivamente en el desarrollo científico-tecnológico, cuando tiene un
fundamento predominantemente económico: procurar el beneficio presentY así se desarrollan nuevas necesidades comunicacionales.

La distinción entre comunicación masiva y comunicación interpersonal es
fundamental, al menos para la opción de pensamiento científico más crítico. Muy
probablemente no lo sea para la opción científica predominante, dado que ésta
suele abstraer los fenómenos económicos de su imbricación con lo cultural y lo
simbólico, además de preterir a un plano secundario, o incluso ignorar, las
relaciones de poder existentes, tanto en la sociedad como en el “mercado”. Es
probable que toda la “comunicación” sea considerada conjunta e indistintamente,
como “inversión” y como “servicios”. La primera categoría – la comunicación
masiva – aunque también responde en su expansión a los propósitos y mecanismos
de rentabilidad, como ocurre con la telefonía móvil y con la fija cuando ésta es
privada, está más asociada a otras actividades económicas, que la condicionan.
Por su naturaleza, los mensajes masivos están destinados a ser recibidos por
gran número de lectores, auditores o televidentes, y eso es lo que distingue
ese negocio comunicacional de los otros negocios comunicacionales que obtienen
un beneficio mediante el acto de venta de un instrumento. De donde la expansión
de estos mensajes va asociada, desde su concepción, a una expansión, al menos
paralela, del mercado publicitario.

B) Antecedentes de esta lógica de expansión


Esta misma lógica actuó en toda la historia de la comunicación de la
época contemporánea, desde la revolución industrial. Tomemos algunos datos de la
historia estructural y sintética de la prensa. Comencemos por la prensa
cotidiana. The Times de Londres aplicó por primera vez una máquina a vapor a
sus imprentas planas en 1812, e imprimía así 10.000 ejemplares diarios. Más
adelante el telégrafo facilitó la expansión de las Agencias de noticias y
aumentó así, acompañando la expansión comercial, el caudal de información
difundido por la prensa. En la segunda mitad del siglo XIX y al menos en el
Occidente industrializado, se siguió transformando esa prensa con linotipos,
rotativas, fotograbados, etc., respondiendo a condiciones socio-económicas
cambiantes. Esa prensa industrial de la segunda mitad del siglo XIX siguió
incrementando sus tirajes, porque la concentración urbana continuó y las
comunicaciones ferroviarias también lo facilitaron; por otra parte era mayor el
porcentaje de población letrada y mejoró la capacidad de compra de algunos
sectores de la sociedad. Surgió el vespertino que atendía a ese nuevo lector
asalariado que retornaba a su hogar y podía ahora comprar un ejemplar ocasional,
dado que ya no se vendía sólo por suscripción. Fue un cambio cualitativo en el
concepto de “noticia”, que ya no tuvo más el ciclo de 24 horas.

Sin embargo, antes que mencionar los cambios sociales como motivación,
deberíamos considerar, como un ejemplo, que al resolver editar un vespertino, el
industrial propietario de la empresa periodística decidió aprovechar rotativas
ociosas, composición y fotos ya realizadas, gastos de administración casi nulos
para este nuevo periódico. Decidió producir un subproducto destinado a asegurar
la rentabilidad del capital invertido, de modo de poder afrontar la fuerte
competencia entre los diversos matutinos. El retorno que obtendría de la edición
vespertina podría invertirlo en mejoras destinadas a su matutino. Fue la lógica
de expansión del capitalismo la que lo impulsó. Y el periódico competidor que no
lo hizo, desapareció, puesto que el proceso de concentración llevó, ya en 1900,
en Estados Unidos, a un solo cotidiano por ciudad de más de medio millón de
habitantes, con contadas excepciones.

En síntesis: las condiciones socio-económicas fueron cambiando, pero fue
en especial el régimen productivo, el determinante de las transformaciones de la
prensa, en forma directa e indirecta. Así como apareció el vespertino, primer
acelerador de la fugacidad de las noticias, el incremento de fotografías y el
aumento de tamaño de los titulares deben vincularse al propósito de competir,
consiguiendo más lectores de menor capacidad de lectura. La reducción relativa
de la “redacción”, la diversificación y creciente banalidad de contenidos,
también deben ser asignados a esta lógica económica. Aunque tradicionalmente se
haya preferido destacar el factor intelectual, en lugar del económico.

La mayoría de los analistas sostienen que estos cambios se produjeron
“procurando interpretar las necesidades del público”, idea que hasta hoy se
sigue sustentado también para intentar legitimar los más degradantes excesos
(violencia gratuita, sexualidad primaria, racismo, etc.) que esos mismos
analistas rechazan desde un punto de vista ético. Otros analistas interpretan
que los cambios mencionados se debieron “a las transformaciones de la sociedad”
interpretadas por los empresarios, concepción idealista que ignora las
influencias de la economía.


C) La expansión de la radiodifusión fue más compleja

Es sabido que la radiodifusión comienza en Europa después de la Primera
guerra mundial y puede aceptarse como convención que la televisión- a pesar de
ensayos más tempranos – se expande después de la Segunda guerra mundial.

A diferencia de los Estados Unidos, donde la radiodifusión y la televisión
surgieron por iniciativas privadas y tanto el Estado federal como los Estados
miembros optaron por una regulación laxa, en Europa Occidental y especialmente
en Gran Bretaña y Francia se adoptó la noción de servicio público para estas
actividades, creándose respectivamente la BBC y la RTF (luego ORTF). Una
combinación de factores materiales y culturales explican estas opciones diversas
tomadas a cada lado del Atlántico. Las grandes extensiones norteamericanas y el
escaso alcance de las ondas medias; el aislamiento continental, que no generaba
un problema de defensa de la lengua nacional; las tradiciones de un poder
estatal menos intervencionista, pueden ser señalados para la determinación de la
opción privatista en materia de radiodifusión en los Estados Unidos. La fuerte
tradición de los Estados nacionales y en particular la defensa de la lengua; las
reducidas extensiones territoriales; y Estados pluriseculares que ya habían
asumido múltiples servicios públicos, pueden, por el contrario, ser señalados
para comprender la opción europea. El derecho vino después a sancionar y
organizar intelectualmente una realidad social. Y ese derecho, consagrado hoy
internacionalmente en las Convenciones que rigen el tema, establece que las
ondas electromagnéticas son patrimonio de la humanidad, y los Estados los
administradores de esas ondas. Cada Estado, de acuerdo a sus capacidades
económicas y tecnológicas, se reserva el uso de determinadas frecuencias para el
cumplimiento de los fines de seguridad y de mantenimiento del orden; y
administra, directa o indirectamente, el uso de las restantes ondas. También
cobija a un tercer modelo, que surgió a raíz de la Revolución Rusa, según el
cual la comunicación social electromagnética (como también la impresa) son
instrumentos de conducción de un proceso revolucionario y por tanto factores
privilegiados de la acción social y cultural del Estado (generalmente llamado
socialista). Este tercer modelo ha sido asociado al pensamiento marxista, pero
hay razones para discrepar con esta interpretación. El marxismo se reclama de
una metodología científica, esto es, de controversia y verificación, y por tanto
no es concebible que se pueda producir un avance social plenamente solidario con
monopolio de la información[viii]. Una cosa es la acción del Estado destinada a
proteger la información y otra cosa es el monopolio de los contenidos de esa
información.

América latina siguió, casi sin excepciones[ix], el modelo privatista
norteamericano, tanto para la radio como para la televisión. Y en los países
africanos y asiáticos predominó también el modelo privado[x].

Aquí, donde se busca los antecedentes estructurales en la historia de la
comunicación electrónica, lo que interesa señalar es la importancia del
financiamiento en esa evolución.

Es obvio que la emisión abierta de señales de radiodifusión o de
televisión sólo produce recursos mínimos por la reproducción y venta de algunos
programas o subproductos. Por ello, varios gobiernos europeos decidieron fijar
una tasa o impuesto anual a cada receptor de radio, para que fueran los usuarios
del servicio quienes sostuvieran el costo de producción de programas y el
mantenimiento y expansión del servicio. En Estados Unidos, al ser privado el
sistema, los emisores recurrieron a la publicidad, única fuente de recursos
posible. Y en los estados “socialistas” no había ni impuesto ni publicidad[xi]
De modo que durante al menos cuatro décadas, varios países europeos dispusieron
de radiodifusión pública sin publicidad y existía la posibilidad de comparar
esos servicios con la radiodifusión comercial que existía en Estados Unidos y
también en algunos otros países de Europa, donde era sostenida financieramente
con publicidad.

Cuando se introdujo la televisión, prácticamente al promediar el siglo XX,
cada país europeo extendió a la televisión el sistema vigente para la
radiodifusión. Donde ese servicio público era brindado por el Estado, la
televisión también pasó a ser brindada por el Estado. En los otros países, se
adoptó la opción privatista, con financiamiento publicitario.

Los rasgos que fueron destacados de la historia estructural de la prensa y
de la televisión muestran la dependencia determinante del régimen productivo,
esto es, el sistema capitalista y sus mecanismos competitivos y de
concentración, lo que suele ser llamado, impropiamente, el mercado. Por otro
lado mencionamos la presencia, la acción o inacción del poder político: el
Estado (los Estados).

Actualmente, toda la radiodifusión privada (radio y TV) depende de la
publicidad como única fuente de producción de beneficio, motor de la economía
competitiva. Y los medios de comunicación impresos, con capitales cada vez más
importantes y en procesos de concentración crecientes, dependen a su vez, en
grado decisivo, también de la publicidad. Lo mismo ocurre con muchas emisoras
públicas de televisión. Desde el punto de vista económico, se ha ido produciendo
una alianza estratégica entre los propietarios o empresarios de los medios que
dependen de la publicidad para su beneficio o para su subsistencia equilibrada,
con los propietarios de las empresas que fabrican o producen otros bienes o
servicios y los anuncian mediante la publicidad. Dallas Smythe aportó, en
célebre artículo, observaciones que en lo esencial siguen vigentes:

To summarize: the mass media institutions in monopoly capitalism
developed the equipment, workers and organization to produce audiences
for the purpose of the system between about 1875 and 1950. The prime
purpose of the mass media complex is to produce people in audiences who
work at learning the theory and practice of consumership for civilian goods
and who support (with taxes and votes) the military demand managements
system. The second principal purpose is to produce audiences whose theory
and practice confirm the ideology of monopoly capitalism (possessive
individualism in an authoritarian political system).(...)[xii][1]

Y esto, sin perjuicio de críticas y ajustes que ese artículo provocó[xiii]:

Entonces, la actual “comunicación de masas” – fenómeno social surgido y
desarrollado bajo el capitalismo – se revela cada vez más como un apéndice del
sistema industrial capitalista. Naturalmente también cumple otras funciones de
relacionamiento, información, entretenimiento, etc., pero todas esas funciones
van siendo alteradas por la lógica derivada de la función primordial
indicada[xiv].

La visión predominante suele analizar estos mismos fenómenos
presentándolos de otra manera: los empresarios de los medios brindan servicios
informativos y de entretenimiento gratuitamente (radiodifusión) o mediante un
pago inferior al costo (prensa) vendiendo a la vez tiempo o espacio de
publicidad, para financiar total o parcialmente el servicio brindado. Sin
condicionarlo necesariamente, porque los avisadores son múltiples.

D) El espejismo del progreso

Asistimos a transformaciones sorprendentes en las capacidades tecnológicas
de comunicación. En el Occidente opulento y en algunas otras regiones del
planeta – generalmente urbanas –, la difusión social de muchos productos
comunicacionales es verdaderamente masiva y en algunos casos, como el de la
telefonía celular, ya no depende de redes energéticas. Todo ello, conjuntamente
con la publicidad de los nuevos productos, concurre a desarrollar y sostener una
idea que apareció con la Ilustración, la idea del progreso. Aquí no se analizará
esta idea en su acepción plena, sino que se lo hará sólo referida al progreso de
las comunicaciones.

Que existe un progreso en las comunicaciones, sorprendente, revolucionario,
y que ese progreso se aceleró recientemente, no puede ser discutido. Pero esta
palabra “progreso” tiene connotaciones variadas. Si nos referimos a que los
avances tecnológicos en materia de comunicaciones posibilitan ahora formas
inimaginables de comunicación, masivas e interpersonales inexistentes hace pocos
años, habría acuerdo. Pero si estuviéramos suponiendo que se debe exclusivamente
a un avance “científico” y no a líneas de aplicación tecnológica decididas por
capitales industriales, entramos en desacuerdo. Se nos ofrece hoy, al menos en
muchísimas ciudades, posibilidades de ver ya sea por cable, ya sea por conexión
satelital, centenares de canales de televisión que emiten las 24 horas del día,
muchos de los cuales nunca podrá ver en su vida un individuo normal. Se nos
ofrecen teléfonos móviles o computadoras que incluyen cada vez mayor número de
posibilidades de uso, muy por encima de las necesidades promediales. No es un
secreto que la industria programa tales productos con la finalidad de atraer al
mayor número posible de usuarios ni tampoco lo es que la renovación constante de
sistemas asegura la obsolescencia de los antiguos para obligar a los compradores
a una renovación que tonifique el mercado. Eso no es un progreso. Eso es un
despilfarro de recursos materiales sin ninguna consideración ecológica, pero
ante todo es una manipulación de los consumidores, a quienes se los enajena
progresivamente en consumos muchas veces irracionales o superfluos, bajo el
argumento de que se les brindan nuevas posibilidades.



II Ideología

Definir “ideología” presenta dificultades mayores, porque el vocablo es
ampliamente utilizado y con acepciones muy diversas. Incluso en los esfuerzos
definitorios se advierten diferencias sorprendentes, que a veces parecen
provenir de su uso diverso según los idiomas empleados. Así, por vía de
ejemplo, puede señalarse que hay variaciones sustanciales entre los tres
artículos dedicados al vocablo “ideología” en las versiones española, francesa
e inglesa de Wikipedia.

La versión inglesa define ideología como “conjunto organizado de ideas” , y
luego agrega: “Una ideología puede ser pensada como una visión global, como una
manera de concebir las cosas (comparar con Weltanschauung), ...o un conjunto de
ideas propuesto por la clase dominante de una sociedad a todos los miembros de
esa sociedad”.

La primera acepción implica la posibilidad de un número indefinido de
“ideologías” en muy diversos campos de los conocimientos. La segunda acepción
limita a una “ideología” dominante en cada sociedad y en cada momento histórico.
El Vocabulario de Lalande[xv], a comienzos del siglo XX, ya se afiliaba a esta
clasificación primaria de “ideología”. Sartre, en la Crítica de la razón
dialéctica sostiene una idea complementaria respecto a la segunda acepción: así
como sólo puede haber una ideología dominante en cada momento histórico,
también habría sólo otra válida, que se le opondría y sería “emergente”.

Las definiciones de Wikipedia en francés y en español destacan ambas,
como una nota aplicable al uso generalizado de este vocablo, un cierto carácter
peyorativo. Una “ideología” – conjunto organizado o sistematizado de ideas –
incluiría necesariamente conceptos a priori, condicionantes de la validez o de
la seriedad de los objetivos enunciados y por tanto comprometedores de las
investigaciones, razonamientos y conclusiones de los estudios realizados que
participan de una “ideología”.

Aquí no podemos extendernos sobre el tema. Es preciso adoptar una
convención de lenguaje, dado que en el discurso en ciencias sociales es
inevitable emplear con frecuencia este término, que por otra parte impregna el
lenguaje corriente de los medios de comunicación, sobre todo en el primer
sentido: “conjunto organizado de ideas”. Por lo dicho aclaro: aquí se empleará
ideología (sentido A) como “conjunto organizado de ideas” e ideología (sentido
B) como “imagen falsa - o errónea - de la realidad”.


A) Un ejemplo simple del pasado


Un monje medieval, Guillermo de Nogent[xvi], hizo esta afirmación: “Dios hizo
las cosas así: unos oran, otros combaten, los demás trabajan”. Estaba
interpretando así la estratificación social de su época (Clero, Nobleza y Estado
llano) con la perspectiva teológica vigente. Para él, era obra divina y por lo
tanto permanente y definitiva.

Su visión del mundo, su interpretación de la realidad nos parece ahora
ingenua, pero no cabe duda de que era entonces una interpretación generalizada.
Y también comprendemos ahora que esta formulación cumplía una función social de consolidación del orden vigente. En una sociedad que tenía tan fuerte referencia
a la religiosidad del cristianismo, la afirmación de que la estructura social
era obra divina reforzaba la obediencia a los poderes existentes. Esas eran las
únicas ideas de recibo y así el orden social quedaba más consolidado, sin que
mediara la amenaza explícita de un castigo ultraterrenal. El orden social debía
ser acatado no sólo por ser un orden social, con sus sanciones terrenales, sino
que debía ser respetado por ser obra divina.

Este es un ejemplo de ideología, en el sentido que por primera vez
estableció Marx, de “falsa imagen de la realidad”. No una creación maquiavélica
y consciente de los dominadores, inventada para perpetuar su dominio, sino una
visión espontánea – un reflejo – de la realidad que, desde luego, era favorable
a quienes podían formularla y tenían capacidad para divulgarla e imponerla. La
difusión y el recibo la consagraba como ideología dominante.


B) Un ejemplo actual

Nosotros sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que
todos los hombres son creados iguales (...)”, dice la Declaración de
independencia de EEUU, de 1774; “Los hombres nacen y permanecen libres e
iguales en derechos”, dice la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789 (...); ”Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos”(...), sostiene la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Las formulaciones del siglo XVIII, que contribuyeron a la caída del
absolutismo monárquico y a la desaparición de los privilegios de la nobleza,
siguen siendo hoy el fundamento teórico de los regímenes liberales de gobierno.
Y sin embargo, junto con la Declaración de 1948, constituyen ideología, en
sentido B, porque hacen pensar en una igualdad humana inexistente. Los hombres
ahora pueden votar, pueden elegir, y sus votos cuentan por igual en las
sociedades de liberalismo político, pero no pueden intervenir de la misma
manera, en igualdad de condiciones, en ninguno de los mecanismos sociales en los
que se toman las decisiones trascendentes. Ni en lo político, ni en lo económico
ni en lo cultural. Ni siquiera son iguales por nacimiento, ya que es sabido que
la desnutrición materna, las condiciones sanitarias y educativas de los
progenitores, más la ausencia de previsiones médicas adecuadas, son todos
factores condicionantes. Si seguimos con la alimentación de la primera infancia,
la ciencia hoy nos dice que la desnutrición disminuye el desarrollo intelectual.
Los conocimientos pedagógicos nos demuestran que las condiciones
socio-económicas y culturales de las familias son factores muy influyentes en el
desarrollo de los educandos. Luego, en la vida adulta, la inmensa mayoría de los
hombres no tienen ninguna incidencia en la elaboración de los mensajes que
siguen configurando el foro público, cada vez más modelador de las ideas, los
sentimientos, las motivaciones e incluso de las percepciones individuales.

La idea de la igualdad de los hombres, entonces, no es una realidad sino
un postulado, una aspiración, una idea-fuerza que ha inspirado muchas acciones
solidarias a lo largo de la historia y particularmente en los dos últimos
siglos, pero que ahora opera más como ideología conformista respecto a la
estructura social y al aparato político del Estado, que como motor impulsor de
cambios. La igualdad en los cómputos de sufragios parece ser suficiente en las
sociedades con liberalismo político. La ausencia de privilegios por nacimiento
consagrados en leyes, alcanza para ocultar las restantes desigualdades.

C) Más dificultades

Se ha tomado un ejemplo, proveniente de la evolución del pensamiento
socio-político que surge con la Ilustración y se funda en el jus-naturalismo.
Pero pueden tomarse otros ejemplos, de muy distinta filiación, que concurren al
mismo resultado de construcción ideologizada, o ideología en sentido B.

Veamos también cómo diversas escuelas económicas propietaristas han
contribuido a la elaboración de conceptos, hoy vigentes, que legitiman el orden
socioeconómico en el que vivimos. Desde el mercantilismo puede observarse que
aparece un aporte en el sentido indicado. Hoy nos parece ingenua la idea
fundamental de tesaurizar de esta escuela, y comprendemos que la realidad
inmediata del sistema colonial de la época está en la base de esa construcción
intelectual. Pero no cabe duda de que subsiste, bajo otra forma, el prestigio de
la acumulación de riqueza, a través del atesoramiento de moneda, ahora
fiduciaria, como expresión de poder, como factor de promoción social, como
símbolo de excelencia. La fisiocracia, que derrumbó al mercantilismo, construyó
otro mito: el naturalismo. La evidencia (correcta) de que el hombre extrae de la
tierra la riqueza que consume, el concepto (erróneo) de que la circulación no
agrega valor, permitieron construir la idea de que se estaban descubriendo
“leyes naturales” de la economía. Esta idea la recogió la escuela clásica,
transfiriéndola a la sociedad industrial, que entonces estaba surgiendo. Adam
Smith creyó descubrir, con la observación de la “ley” de la oferta y la demanda,
un principio eterno, no una realidad contingente e histórica. Hoy, tenemos esa
doble herencia incorporada al lenguaje corriente. Economistas de renombre pueden hablar de “tasa natural de desempleo” o confundir “mercado” con “sociedad”. Dado que muchísimos integrantes de las sociedades actuales – y no sólo en el mundo pobre – no tienen acceso a ningún mercado o sólo acceden circunstancialmente a mercados de sus necesidades insuficientemente satisfechas. Las sociedades humanas son realidades, los “mercados” son conceptos construidos. Cuando los marginalistas aportaron sus nuevas (y correctas) interpretaciones del
funcionamiento de los mercados, recurrieron al concepto de “agentes”, lo que es
otra construcción.

Todos somos productores por igual y consumidores por igual” parecería ser
la fórmulación que aporta la economía predominante a la noción de ideología
sentido B.

El mismo ejercicio se puede realizar con la educación o con otros aspectos
de la vida social. El “educando” es el equivalente del “ciudadano” o del
“productor-consumidor”. El “educando”, en realidad, es un sujeto inexistente.
Hay un educando de familia de clase media, integrada, con nivel cultural
promedial y padres con trabajo. Y hay educandos de familias desintegradas de
bajísimos recursos, o hijos de inmigrantes desarraigados, etc. Y así
sucesivamente.

Con estos tres ejemplos se pretende señalar que, mientras en el Medioevo
podemos satisfacernos con un ejemplo representativo de ideología, sentido B, en
el capitalismo avanzado la realidad nos conduce a admitir la existencia de
múltiples ejemplos representativos, cada uno de los cuales coincide con los
restantes en los efectos de reproducción y actúan independientemente. Es
probable que ejerzan una influencia especial en sujetos diversos, según su
formación, su profesión, su medio, su praxis.

D) tras variantesOtrasAún otras variantes

Se podría seguir en la búsqueda de ejemplos, extraídos de fundamentos
nacionalistas o religiosos, en lugar del pensamiento sociopolítico, económico o
educativo. Un caso extraordinario sería el de la sociedad china actual. Aquí
habría que buscar una combinación de nacionalismo, marxismo-leninismo
doctrinario y esquemático, además de competitividad capitalista maquillada como
“emulación” , para encontrar ejemplos de esta forma de legitimación del modelo
de sociedad vigente en la China de hoy. Al menos respecto a aquellos
ciudadanos chinos persuadidos de que las enormes contradicciones crecientes que
evidencia esa sociedad pueden ser explicadas por un proyecto que deben
considerar coherente, racional y tendiente a un equilibrio y a una armonía en el
futuro, difícilmente imaginable con parámetros racionales. En ningún caso el
autoritarismo por sí solo alcanza para explicar la cohesión social.

Con esto se pretende sostener que la variedad de fundamentos de una
visión conformista de la realidad es muy amplia y no suficientemente explorada.

Conectado con estos problemas, Baudrillard[xvii] sostuvo:

El análisis de la producción de signos y de la cultura se impone por tanto
no como exterior, ulterior, ”superestructural” con relación a la de la
producción material, se impone como una revolución de la economía
política en sí misma, generalizada por la irrupción teórica y práctica de la
economía política del signo.”
(...)
“Si la cultura, el consumo, los signos deben ser analizados como ideología,
no es expulsándolos, conjurándolos en un campo exterior, es por el
contrario integrándolos en las estructuras mismas de la economía política”.



III. La publicidad


Por publicidad entendemos una acción, mediante mensajes, con un propósito de
lucro, destinada a promover (en última instancia) la adquisición de bienes o
servicios. Esto puede comprender muy diversos objetivos intermedios, como por
ejemplo promover o difundir una marca, una empresa, combatir eventuales
resistencias de los eventuales adquirentes[xviii], estimular conductas y
actitudes proclives al consumo. Esta actividad puede distinguirse de la
propaganda, que en general es entendida como destinada a promover conductas o
actitudes favorables a objetivos políticos, religiosos u otros.

Muchos estudios sobre la publicidad suelen remontarse a la antigüedad,
porque desde entonces pueden registrarse mensajes públicos destinados a una
venta. Sin embargo, sólo desde la revolución industrial, que posibilitó la
existencia de medios de comunicación masiva, empezó a desarrollarse esta
actividad en la forma como la conocemos actualmente. Remontarse al pasado
clásico, por ejemplo, es una opción proclive a considerar esta actividad como
a-histórica, y por lo tanto conduce a su legitimación como actividad normal o
natural – (ya que sería propia de la especie humana en todo tiempo histórico).

A) Funciones económicas de la publicidad

La función económica primaria de la publicidad, tal como la vemos en la
sociedad contemporánea capitalista, es como la de una bomba de agua que acelera
la circulación de mercancías. Es un apéndice necesario del sistema productivo.
Responde a la lógica de la expansión, que a su vez está fundada en la
competencia. Galbraith señala la contradicción entre los valores que la sociedad
proclama y los que genera la publicidad:

Esta acción [la publicidad] desempeña aún otro papel. Al mismo tiempo que
somete a la demanda a un control estricto, realiza una propaganda sin
descanso a favor de los productos en general. Desde las primeras horas de
la mañana hasta las últimas horas de la noche, la gente es informada de los
servicios que pueden esperar de los productos, de todo lo que los hace
indispensables. Todas las características, todos los aspectos de un producto
que fueron estudiados como otros tantos argumentos, son elogiados con
talento, con gravedad, con mucha seriedad, suponiendo que sean una fuente
de salud, de felicidad, de éxito en el ascenso social. (...)

La consecuencia es que si los productos son cada día más abundantes, su
importancia no parece sin embargo disminuir. Por el contrario, es necesario
hacer un esfuerzo de voluntad para imaginar que exista otra cosa que tenga
una importancia equivalente. Moralmente, nosotros admitimos que la
abundancia de bienes no es sinónimo de éxito humano; en la práctica, no
dudamos que se la considere así”[xix]..

Si la primera función económica que cumple la publicidad es la de acelerar
la circulación, la segunda es la de incrementar el consumo. “Üselo y tírelo”. La
primer función se cumple logrando que los productos sean comprados. La segunda
función consiste en que, usados o no los productos adquiridos, se desarrolle
una apetencia de nuevos productos que superen a los obsoletos o que simplemente
se agreguen a los ya adquiridos.

En materia de productos o de servicios comunicacionales esto es
especialmente aplicable dado que, en términos generales, se trata de servicios a
los que hasta ahora tienen acceso quienes logran satisfacer buena parte de las
necesidades primarias (aunque también se producen distorsiones al respecto,
impuestas por la misma publicidad, por la competencia o por la imitación
social).

B) La publicidad y los avances tecnológicos.

Una interpretación “naturalista” puede sostener que ante cada avance
tecnológico se produce una nueva expansión publicitaria. Y en parte es cierto.
Por ejemplo, aparece Internet y al tiempo surge la publicidad en Internet. Los
periódicos comienzan ediciones en Internet y esas ediciones son progresivamente
ocupadas por espacios publicitarios. Y así sucesivamente. La publicidad
seguiría al “progreso”.

Revisemos los orígenes del capitalismo. Los avances tecnológicos no
fueron los desencadenantes de la primera revolución industrial sino que fueron
incentivados y estimulados por la acumulación de capitales que procuraban la
mayor rentabilidad. Tanto en la producción textil, como en las fuentes
energéticas o en los transportes, los avances tecnológicos fueron financiados
por capitalistas guiados por la necesidad de competir. Desde entonces, los
conocimientos científicos posibilitaron cambios de tal magnitud que contribuyen
a ocultar los mecanismos de inversión subyacentes. Del mismo modo la revolución
informática y comunicacional actual, que sin duda reposa sobre una enorme
acumulación de conocimientos científicos, es resultado predominante de la
búsqueda de nuevos horizontes de rentabilidad para los capitales excedentarios.
La publicidad está ahora incorporada a esta dinámica de la expansión. Y por lo
tanto se genera una estrategia publicitaria previa al surgimiento de cada nueva
actividad económica de envergadura.

Desde luego que existe una visión alternativa de la precedente. Ya se
dijo antes, al mencionar la idea del progreso, que estas transformaciones del
capitalismo avanzado son consideradas por la mayoría de los analistas como una
evolución casi natural.

C) El discurso legitimador de la publicidad

Esta concepción “naturalista” de la sociedad, como es lógico, comprende
también a la publicidad y muchos estudiosos tienden a aceptarla sin mayores
cuestionamientos, fundados en la tradición del liberalismo político. En efecto:
uno de los principios fundamentales del liberalismo político es la libertad de
expresión del pensamiento. Entonces, sin reflexión hay quienes aplican este
principio a la emisión de mensajes publicitarios. Los primeros en aplicarlo son
los profesionales de la publicidad, que multiplican los mensajes legitimadores
de su propia actividad y los difunden en los medios de comunicación.

En una interpretación armónica del principio de la libertad de expresión
del pensamiento es preciso distinguir entre los mensajes que cada persona, como
individuo quiera emitir, impulsado por su necesidad de comunicarse con los demás
componentes de la sociedad y los mensajes en los que sólo algunas personas, por
su capacidad económica y motivadas por propósitos de lucro, puedan hacerlo. Esta
distinción ha sido realizada por la Suprema Corte de los Estados Unidos[xx],
sosteniendo que los primeros mensajes merecen la máxima protección y que en
cambio los segundos pueden ser regulados por la ley. Estos fallos son muy
importantes si se tiene en cuenta que el sistema constitucional norteamericano
dispone, por su Primera enmienda, que no se podrá legislar respecto al principio
que en la época se denominaba de “libertad de prensa”. Además del ejemplo de
Estados Unidos sería posible invocar numerosas legislaciones nacionales, sobre
todo de países europeos, en los que algunos aspectos de los mensajes
publicitarios son prohibidos, limitados o condicionados[xxi]

Estas realidades jurídico-políticas ponen en evidencia una cierta
conciencia crítica difundida en distintas sociedades acerca de algunos efectos
nocivos de la publicidad. Pero, independientemente de ello, puede observarse que
en la opinión generalizada existe un malestar, una incomodidad frente a mensajes
publicitarios repetitivos e invasores, en constante expansión[xxii]. Los
agentes publicitarios han tomado conciencia de este malestar y suelen aludir a
él en los mensajes que emiten, destinados a recuperar la confianza del
público[xxiii]

D) La apología de la publicidad[xxiv]

La publicidad informa, permite al consumidor elegir”. “Le acerca elementos
nuevos que surgen del progreso de la ciencia y la tecnología aplicada a cada
nuevo producto, sin los cuales estaría indefenso para tomar las mejores
decisiones de compra”. “La publicidad desarrolla imaginación, emplea en
ocasiones el humor, es creativa, embellece la vida, es un arte (utilitario) pero
es un arte”. Podemos transcribir en la misma línea de razonamiento, no ya de un
publicitario, sino de un analista, una página ilustrativa:


Dice Gilles Lipovetzky: “La publicidad tiene algunas razones para ver su
porvenir color de rosa. Mientras que el volumen total de las inversiones
publicitarias está en aumento constante, no deja de invadir nuevos espacios:
televisiones de Estado, coloquios, manifestaciones artísticas y deportivas,
filmes, artículos de todo tipo, desde camisetas hasta las velas de las planchas
de mar, el nombre de las marcas se despliega casi por todos lados en nuestro
universo cotidiano. (...) Comunicación socialmente legítima, accede a la
consagración artística, la publicidad entra al museo, se organizan exposiciones
retrospectivas de afiches, se distribuyen premios de excelencia (...)

La publicidad, no la propaganda: un universo separa esas dos formas de
la comunicación de masas que hay demasiada tendencia a amalgamar. Con la
publicidad, la comunicación adopta un perfil completamente original, es
aprehendida en las redes de la forma moda: en las antípodas de la lógica
totalitaria, navega en el elemento de lo superficial y de la seducción
frívola, en la fantasía de las artimañas; en las antípodas del control total
que se atribuye con ligereza a las formas indefendibles de la razón comercial y
política, se comienza a comprender la posición y el efecto esencialmente
democrático del hecho publicitario.(...)

Ninguna idea más comúnmente admitida que ésta: la publicidad uniformiza
los deseos y los gustos, lamina las personalidades individuales; a semejanza de
la propaganda totalitaria, es lavado de cerebro, violación de las multitudes
atrofiando la facultad de juzgar y de decidir personalmente. Es difícil en
efecto negar que la publicidad logra hacer aumentar el volumen de las compras y
orientar masivamente el gusto hacia los mismos productos. Pero limitarse a ese
proceso de estandardización oculta la otra faz de su obra, mucho menos
aparente pero sin duda mucho más decisiva respecto al destino de nuestra
democracia. Vector estratégico de la redefinición del modo de vida centrado en
el consumo y el ocio, la publicidad ha contribuido a descalificar la ética del
ahorro a favor de la del gasto y del goce inmediato: paradojalmente, por la vía
de la cultura hedonista que difunde, la publicidad debe ser vista como un agente
de la individualización de los seres, un agente que acelera la búsqueda de la
personalidad y de la autonomía de los particulares”.


Este discurso es una pieza temible por su brillante retórica y a la vez
totalmente inconsistente para el pensamiento científico. Se lo reproduce como
evidencia de ideología (sentido b)


E) Dos ejemplos significativos

Una página publicitaria entera del New York Times[xxv] anunció un nuevo
número de la revista Fortune con una leyenda muy llamativa: “We made an issue
for people who can´t read”. Y la ampliación de esa leyenda indicaba que 700.000
diplomados de la segunda enseñanza eran incapaces de leer sus propios diplomas.
“?Cuántos de ellos contratará Vd.?”, interroga enseguida ese aviso publicitario
y concluye exhortando a los empresarios a publicar avisos en ese anunciado
número de Fortune, en el que aparecerán las soluciones que otros empresarios
aplican para resolver el problema señalado, (de relativo analfabetismo).

En suma, encontramos: a) economía de la revista Fortune (conseguir más
publicidad mediante un aviso); b) ideología legitimadora del sistema productivo
(lo que importa es el funcionamiento eficaz de las empresas, no lograr mayor
eficacia del sistema educativo); c) publicidad general de la revista (hacerla
más atractiva ante el público en general).

Otra página publicitaria entera de la empresa tabacalera Philip Morris
difundida en varios diarios europeos, fue destinada a combatir una Directiva
europea que establecía prohibiciones para fumar y otras normas de protección de
fumadores. El aviso decía así[xxvi]:

Pytagoras´s Theorem has 24 words

Archimedes Principle, 67

Ten Commandements, 179

Declaration of Independence of U.S.A, 300

And european law about where and when
You can smoke, 24.942

Se asociaron temas inconexos entre sí, pero muy conocidos. Se sugería así, por
oposición, en una lectura superficial, que la legislación proyectada era
negativa y tal vez absurda. Apenas analizado, el texto muestra su
inconsistencia: nada tienen que ver los preceptos bíblicos con las matemáticas,
la física o el liberalismo político y menos con el tabaquismo. Por otro lado, es
falso que tenga sólo 300 palabras la Declaración de independencia de Estados
Unidos: tiene más de 1.800. Ni la salud, ni la verdad, ni la lógica importaban.
Además, la infantilización de los lectores de ese aviso podía ser útil.

En suma: a) economía de la tabacalera (desprestigiar una norma jurídica

defensora de la salud para mantener sus ventas); b) ideología (reproducción
irracional de símbolos culturales populares); c) publicidad de su propia marca.


Racionalidad e irracionalidad de la economía

Un cuarto de la humanidad vive miserablemente. Y en el otro extremo, un
grupo de 500 multimillonarios acumula tanta riqueza como la que poseen esos
1.500.000 más pobres[xxvii]. Esta irracionalidad no es nueva en la historia. Lo
que es nuevo es que los alimentos y la vestimenta que ahora se producen serían
suficientes para cubrir las necesidades de todos los habitantes del planeta, y
que los recursos potenciales existentes permitirían el acceso a vivienda, agua y
condiciones sanitarias correctas en plazos cortos.

Las inversiones en armamentos deben ser agregadas a esa otra
irracionalidad. ¿Cómo se interpreta comúnmente este fenómeno? Como sucede con otras transformaciones materiales circunstanciales ocurridas en el desarrollo
del capitalismo, existen explicaciones divergentes. El armamentismo fue
interpretado tradicionalmente como una consecuencia de la existencia de los
estados nacionales y de los conflictos de intereses reales y potenciales. Desde
hace casi dos décadas, la evidencia de que el poderío bélico de Estados Unidos
supera al de todas las otras potencias reunidas, hizo necesario sustituir esa
interpretación y ahora se argumenta que la producción bélica “preserva la paz”
o “defiende del terrorismo”. La interpretación alternativa pone el acento en la
necesidad de expansión del régimen productivo, ya que la fabricación de armas es
rentable y el sistema económico no puede detenerse. Cualquiera haya sido el
origen histórico de la producción bélica, su mantenimiento y crecimiento en el
capitalismo avanzado responden más a la dinámica de un sistema competitivo y al
prestigio del poder que a un supuesto equilibrio estratégico. El Partido
socialista francés, en su programa de 1981 se proponía reducir la industria
bélica y diez años después Francia había aumentado sus exportaciones bélicas,
para no dejar desocupados a 300.000 trabajadores de esa industria, ya que habría
que haberla reconvertido (y encontrar mercados para la producción alternativa).

Las inversiones en comunicación – que en principio obtienen, al amparo
de la “ideología comunicacional” de que habla Mattelart una caución favorable –
son muy difícilmente calculables. Sólo la publicidad se estima que representa el
2% del PBI. Los medios de comunicación impresos y electrónicos, la industria del
entretenimiento, Internet y sus soportes, etc.; las decenas o centenas de
canales de televisión, ¿no parece adecuado sostener que una buena parte de esas
inversiones y gastos en comunicación tienen un carácter suntuario, si se los
compara con necesidades insatisfechas?. ¿Cómo se interpreta comúnmente este
fenómeno? Aislemos un elemento significativo – la televisión – y apliquemos la
misma metodología usada para la industria bélica: la interpretación más recibida
respecto de su origen lo asigna, en abstracto, a “la tecnología” – como si ésta
fuera casual o casi “natural”, como si no hubiera habido inversiones
planificadas (entre la fabricación de emisoras y de receptores, por ejemplo)
acompañadas de publicidad. La interpretación alternativa destaca que su
expansión inicial, cuando no fue el Estado el impulsor de este medio, se produjo
primero en centros urbanos a los que llegaban las primeras señales y en los
sectores sociales de mayor capacidad económica. Nunca estuvo desvinculada de una operación económica fundada en el beneficio. Cuando se saturó el “parque” de
receptores en blanco y negro apareció el color y así se renovó la industria[xxviii]. Más tarde, el cable, las emisiones satelitales y ahora la televisión digital terrestre, son todas etapas recorridas al servicio de una expansión fundada en la necesidad de colocación de capitales. No en las necesidades humanas de más (y mejor) comunicación. En ese camino la privatización de los servicios públicos de televisión europeos encaja perfectamente. Había experiencia de que cuando la televisión era brindada por el Estado, como en el caso de la BBC de Gran Bretaña, los contenidos eran mejores. Pero al amparo de las orientaciones neoliberales se aprovecharon las coyunturas políticas favorables, haciendo creer a la opinión que se “economizaba” porque no se aumentaba el pago por receptor.

Pero, en su conjunto, ¿esto es irracionalidad o racionalidad de la
economía? Mauricio Godelier[xxix] tituló así un estudio que demuestra la
racionalidad de estas aparentes contradicciones. El sistema obliga a la
expansión incesante y a la búsqueda constante de nuevos nichos en los que se
pueda obtener rentabilidad atractiva para capitales cada vez más concentrados.

El estudio de la economía política de la comunicación en el capitalismo
avanzado se inscribe dentro de esta lógica. La expansión incesante en la
conquista de nuevos mercados, de producción de nuevos objetos y servicios, de
saturación de los usuarios mediante la creación de nuevas necesidades
comunicacionales, el empobrecimiento concomitante de contenidos que acompaña a la expansión, son todos fenómenos inherentes a la dinámica del sistema
productivo. Pretender que el estudio de la “comunicación” y más concretamente de los medios de comunicación pueda conducir a una mayor racionalidad o a una menor irracionalidad sin cambiar el sistema productivo es insensato.

La reproducción ideológica masiva

La publicidad, para cumplir su función, debe tener en cuenta los
estereotipos, lugares comunes, el vocabulario corriente en los públicos o
segmentos de público a los que se dirige. Y desde luego, es reproductora por
excelencia de ideología (sentido B). Excepcionalmente puede aparecer algún caso
como el de algunas campañas de Benetton, pero en último análisis éstas fueron
más provocadoras que subversivas.

En cuanto a los medios de comunicación, suele señalarse que el problema
del financiamiento es fundamental para preservar la independencia editorial e
informativa y que los silencios, desinformaciones y otros apartamientos de la
ética proclamada suelen responder a la influencia de los poderes económicos y
políticos. Cuando hablamos de reproducción ideológica en los medios no estamos
aludiendo a estos fenómenos bastante notorios, sino a otros más sutiles que
aparecen en la selección de los temas, en los análisis, en los relatos, en el
vocabulario, en la selección de ilustraciones, en las filmaciones. Esta
reproducción, en gran medida, es generada por agentes subordinados, mediante
mecanismos complejos en los que opera la dependencia, la enajenación, la
dinámica competitiva por la cual todos los seres humanos nos convertimos en
mercancías para el sistema de producción.
Naturalmente que las empresas tienen organizaciones jerárquicas que controlan en
última instancia la producción de los contenidos, pero sería ingenuo suponer que
la verticalidad es la única causa de los resultados. Hay un ejército de
elaboradores de mensajes que colaboran en la reproducción ideológica. Cuando se
relató, analizó y explicó la crisis económica comenzada en setiembre de 2008, en
los primeros momentos los medios de comunicación decían que era una crisis
financiera (o bursátil). Al cabo de unos días, cuando se pudo empezar a
comprobar que la dimensión de las perturbaciones financieras y bursátiles iban
necesariamente a repercutir fuertemente en la vida cotidiana y que se trataba
en realidad de una crisis económica, entonces se empezó a hablar “de la
economía real”. Como si no fueran reales, en el sistema capitalista, los
instrumentos que vinculan a los hombres en sus relaciones con los bienes. Y
constantemente hubo referencias a “terremoto” “huracán”, “tsunami”, “naufragio”, “marejada” para naturalizar este fenómeno social. Cuando se informó sobre la acción de los gobiernos, fue “salvataje”, “rescate”, “auxilio”: lo que ocurre con los accidentes de la naturaleza. Esto es reproducción ideológica.

Y éste es también un tema de investigación para la economía política de la
comunicación. Las escuelas de periodismo, los sindicatos profesionales, los
partidos y grupos políticos de izquierda – que suelen tener sus publicaciones
propias – ¿denuncian los mecanismos de reproducción ideológica? ¿son eficaces
al hacerlo? ¿se conoce alguna campaña electoral en la que el tema sea explícito?

Debemos tratar de entender las tendencias de la sociedad en su conjunto,
probablemente mediante una fuerte perspectiva económica, con el propósito de
obtener mejores resultados. Estos mejores resultados significan paz, solidaridad
e igualdad real, de clase, género y razas, así como el respeto por el medio
ambiente.

Conclusiones

1) Conviene que un manual presente perspectivas confrontadas. Las que
aquí se sostienen no coinciden con las tendencias predominantes.
2) El pensamiento económico predominante (aceptado por gobiernos, organismos internacionales, etc.)[xxx] sobreestima su propio valor.
3) La ideología predominante (segundo sentido) es ignorada o menospreciada.
4) Los centros académicos tienen siempre dificultades con la publicidad,
debido a que los estudiantes deben ser preparados para producir publicidad en
las condiciones que reclama el mercado. La mayoria de ellos simplemente se
adapta al pensamiento vigente.
5) Teóricamente, sólo cambios profundos en el sistema de producción pueden
abrir perspectivas para el futuro. Y a la vez sólo nuevas ideas seguidas por
acciones pueden producir cambios. Esta contradicción insoluble sugiere un
conflicto permanente en términos intelectuales, que incluye la economía política
de la comunicación.





[1] Communication: Blindspot of Western Marxism, in Canadian Journal of
Political and Social Theory, vol. I No. 3, 1977




i Hasta ahora, la vigencia de esa taxonomía parece encuadrarse en la noción de
paradigma, de Khun
[ii] L´événement du jeudi, 13-III-1997
[iii] Por ejemplo, Dynamic stochastic general equilibrium, Computable general
equilibrium, Agen .based computational economics
[iv]Información que está condicionada por la estratificación social y por la
ideología.
[v]Por ejemplo, las de adaptive expectations, “representative » agents,
“representative » firm, rational choice, etc.
[vi]Entre otros, Toni Blain, ex ministro laborista británico, según BBC,
19/9/08,
[vii] Joseph Stiglitz, en El País de Madrid, 1/X/08
viii El propio término de “marxismo-leninismo” que fue adoptado por la URSS –
por 1927 –hizo evidente la finalidad de aprovechamiento político que tuvo la
rígida canonización del pensamiento marxista.
[ix] Chile, y sólo parcialmente, puede ser mencionado como excepción
[x] En Asia hay servicio público de televisión en China, Israel, Japón,
Pakistán y Bengladesh.
[xi] El caso de China, donde hay publicidad en la televisión desde hace varios
decenios, plantea una interrogante: esa publicidad (naturalmente de empresas
del Estado) ¿preanunciaban las formas actuales de capitalismo en ese país o
simplemente producían prestigio?
[xii] Communication: Blindspot of Western Marxism, in Canadian Journal of
Political and Social Theory, vol. I No. 3, 1977
[xiii] Respuestas de Garham Murdock, Bill Livant, Sut Jhally
[xiv] Actualmente periódicos de prestigio han adquirido periódicos gratuitos.
Aparentemente, hay incoherencia de finalidades. Si se aplica la lógica de la
rentabilidad y de la competencia, desaparece la incoherencia
[xv] Lalande, André, Vocabulaire critique de la philosophie, Paris, PUF, 1910
[xvi] De arte praedicandi, citado por Enciclopedia Espasa
[xvii]Baudrillard, Jean, Pour une critique de la économie politique du signe,
Paris, NRF, 1972 ; Pag.130
[xviii] Un caso paradigmático es el de las empresas tabacaleras al falsificar
los conocimientos científicos que muestran los efectos nocivos y letales del tabaquismo
[xix] Galbraith, J.K. Le nouvel Etat industriel, Gallimard, Paris, 1968,
Capítulo XVIII
[xx] Chamberlin, Bill E., and Brown, Charlene J., The First Amendment
Reconsidered, Longman, New York and London, 1982 ;Gartner, Michael, Advertising
and the First Amendment, New York, Priority Press Publications, 1989.
[xxi] Sobre tabaco, alcohol, estupefacientes; dirigidos a los niños; utilización
degradante de la imagen de la mujer; etc.
[xxii] Cfr.:http//www.casseursdepub/org
[xxiii] Así lo ha hecho, entre otros, el Bureau pour la Vérification de la
Publicité de Francia..
[xxiv] Lipovetzky, Gilles, “La pub sort ses griffes” Publicado en Le Débat,
Paris,Gallimard, Nº 43 janv.-fév.1987 p.126, reproducido por La Documentation
Française, Publicité et Société, 16/X/1987
[xxv] March 6, 1990 A 24
[xxvi] En El País de Madrid, el 4/7/1995
[xxvii] Manières de voir, No.99 juin-juillet 2008
[xxviii] En 1974, en Tampere, al visitar la emisora estatal de TV en compañía de
Kaarle Nordenstreng los dirigentes de la empresa explicaron que se pasaba a
emitir en color. Preguntados acerca de si se había tenido en cuenta que el año
anterior había comenzado una crisis económica y que el público debía financiar
un nuevo receptor, contestaron que la decisión era una consecuencia del hecho
que los fabricantes no producían más repuestos para emitir en blanco y negro
[xxix] Godelier. Maurice, Rationnalité et irrationnalité en économie, Paris,
Gallimard, 1985
[xxx] Even so called Economics « Nobel « prize , (since 1967) is given by
bankers not by academics