La “ ley de medios”, una ley que no se aplica

En los últimos días de 2014 se aprobó la llamada “ley de medios” y hasta ahora no se ha aplicado. Fue promulgada y luego publicada en el Diario Oficial el 15 de enero de 2015. Su título verdadero es: “Ley Nº 19.307. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”, porque no sólo se refiere a la radio y TV privadas, sino también a los servicios públicos de radio y televisión.

¿Por qué no se la aplica?. El Presidente Tabaré Vázquez declaró que no la aplicaría

a la espera del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, ante la cual varios operadores privados han presentado recursos de inconstitucionalidad y más recientemente lo ha hecho también Juan Andrés Ramírez, prestigioso jurista muy vinculado al Partido Nacional, quien, además de patrocinar a empresas privadas con ese mismo recurso, presentó uno a título personal, pretendiendo con este último, la invalidación definitiva de esta ley.

Primera observación

La actitud del Presidente, para la opinión desprevenida, parece prudente, pero en la realidad, así se está violando la Constitución. En primer lugar, ésta establece la separación de poderes, lo que indica que cada Poder tiene que hacer lo que le está asignado y no depender de otro, porque de ese modo niega la separación e independencia de los poderes, garantía esencial del liberalismo político, desde Montesquieu. Además, el Poder Ejecutivo, con esta interpretación, pasó a anular al Parlamento. El Poder Ejecutivo anterior sí tenía el derecho de veto (en ciertas condiciones), pero éste ya no lo tiene frente a una ley promulgada.

Segunda observación

Las acciones de inconstitucionalidad, si tuvieran éxito, sólo operan en beneficio de quien inició esa acción. No tienen carácter general, y ni siquiera anulan la parte de la ley que fue objetada. Entonces, como las acciones fueron iniciadas casi todas por empresas que se consideraron damnificadas, no cabe la suposición de que alguna prosperare con carácter general.

Tercera observación

Esta ley no sólo regula (muy poco) la comunicación audiovisual (privada y pública), sino que reorganiza los servicios de radio y TV públicos. Reuniendo en uno solo diversos organismos públicos, creó un nuevo Servicio descentralizado, en el que aparece un Directorio (de tres miembros) un Consejo de Comunicación Audiovisual (de 5 miembros), una Comisión Honoraria de Comunicación Audiovisual (de 17 miembros) y reorganizó así todo lo que tiene actualmente el Estado central en esta materia. Pero nada de esto se llevó a la práctica, puesto que la ley sancionada, promulgada, y publicada, no fue aún reglamentada. La ley dice – art.202 - que el Poder Ejecutivo tiene 120 días para reglamentarla después de publicada. Y eso ocurrió ¡hace más de un año! . La ley también dice – art.152 – que el P.E. tiene 30 días después de que comience su vigencia, para designar a los miembros del Directorio del Sistema Público de Radio y Televisión (SPRT) nombre que tiene este nuevo servicio descentralizado. Y no se designó a nadie.

¿Cuál parece ser la razón verdadera por la que esta ley no se aplica?

Esta ley introduce novedades de importancia para los industriales de lo audiovisual. Aparece un sistema de adjudicación de ondas más transparente, y se introduce un canon para que comiencen a pagarlo los actuales concesionarios (a quienes se le prorroga las concesiones, que pasan a tener un plazo). Pero si la ley no es reglamentada, no se puede reclamar su pago, ni se aplican los plazos previstos. También dispone que algunos importantes espectáculos deportivos deban ser emitidos en TV abierta.

Estas novedades bastan para que se hayan levantado esas protestas públicas y se hayan iniciado esas acciones de inconstitucionalidad. No me parece que las tímidas regulaciones de contenidos publicitarios y de protección al menor contenidas en esta ley estén también motivando la “fronda” opositora. En la práctica comercial, son muy fáciles de ser sorteadas.

No es importante coincidir con este análisis. Aunque hubiera más motivos que los que señalé para la oposición de los concesionarios, no afectaría la hipótesis que se formulará, puesto que es el Poder Ejecutivo el que está decidiendo no aplicar esta ley que afecta a las radios y TV privadas. Es posible suponer que la posición del Poder Ejecutivo procura un canje de servicios (explícitos, sugeridos o tácitos) : “yo no les aplico la ley, y ustedes me tratan, en los medios que dirigen, mejor de lo que lo harían si resuelvo aplicarla”.

Quien escribe comprende que se trata de una hipótesis inverificable. Pero hay argumentos de peso para sostenerla. Es frecuente observar en las pantallas de TV, algunas conductas de legisladores y de otros dirigentes políticos que evidencian en forma clara su preocupación por aparecer, por “tener pantalla”. Entonces, podemos preguntarnos: ¿el silencio de los legisladores ante la omisión notoria del Poder Ejecutivo en la aplicación de esta ley no estará vinculado al riesgo de ser proscripto de pantalla si

denuncia esta omisión? Si además existe un artículo en la Constitución (el 144) que dice que la última Cámara que intervino en la sanción de una ley es la que debe reclamarle al Poder Ejecutivo en caso de incumplimiento en su aplicación, ¿por qué ningún diputado (última Cámara para esta ley) no reclamó ante su Cámara?

El poder massmediático

En el siglo XIX, (cuando śólo había prensa escrita) se acuñó la expresión “cuarto poder” para señalar el peso que tenían entonces, en el funcionamiento del Estado liberal (con gobernantes electos y separación de poderes) los debates políticos y las denuncias por disfuncionamiento que se realizaban por la prensa. Hoy, la situación es otra, al haber aparecido la radio y sobre todo la TV, con mensajes más ligeros y a la vez con mayor capacidad de penetración ¹

En las sociedades vulgarmente llamadas democráticas (pero que debieran ser llamadas sociedades con liberalismo político), vemos dos realidades en conflicto. Políticamente, se proclama la igualdad de los ciudadanos y se postula fraternidad y solidaridad, pero económicamente la sociedad se funda en la competencia, que sólo valora el poder y la riqueza.

La igualdad funciona verdaderamente sólo en las elecciones. Todos los votos de los ciudadanos valen lo mismo. Pero ahí también termina. Cuando una fuerza política alcanza el ejercicio del Poder Ejecutivo y además cuenta con mayoría parlamentaria, si se propone realizar transformaciones en el funcionamiento económico de la sociedad, asegurando, por ejemplo, que no haya desocupación, la realidad del funcionamiento de la economía pesa más que la acción del Estado. El conjunto de los grandes propietarios de un país, sostenidos por el capitalismo internacional, imponen su fuerza multiplicada por la acción de los grandes medios de comunicación (todos en manos de una minoría de capitalistas) que difunden una prédica contraria a las transformaciones propuestas.

La ideología dominante

Toda sociedad genera una imagen de sí misma – que surge de modo inconsciente y se perpetúa - a la que llamamos “ideología dominante”. Esa imagen cumple una función de cohesión social, hace que todos nos sintamos perteneciendo a un mismo destino común.

La actual ideología dominante en Uruguay es una mezcla de esa igualdad en el voto y (al mismo tiempo) la idea de que “quien trabaja puede ascender”, (idea que procura legitimar al sistema capitalista). La realidad, a diario, nos muestra que la inmensa mayoría de los desocupados lo son contra su voluntad, que no son haraganes... pero

igualmente el sistema económico sigue actuando – en forma inconsciente – legitimando lo que es injusto.

Los medios de comunicación, en manos de una minoría, viven de la publicidad, que es pagada siempre por otros propietarios capitalistas. De modo que hay una alianza tácita entre propietarios de medios y quienes hacen publicidad, para defender al sistema económico vigente. De modo espontáneo (y también por interés) los medios reproducen la ideología dominante. Eso es matizado con la idea de que el Uruguay “es un país democrático”, lo que no es falso, pero que no es toda la verdad.

Derecha massmediática y derecha política.

Ayuda a entender la complejidad de lo social pensar que hay una derecha massmediática que no coincide exactamente con la derecha política. La primera se expresa en la publicidad y en los medios, la segunda es más visible en dirigentes de partidos, y por lo mismo resulta un enemigo más claro.

La acción de la derecha massmediática logra neutralizar a grandes sectores de las clases populares e incluso corrompe (o confunde) a sectores que, políticamente, se consideran a sí mismos como “progresistas” o, incluso, “de izquierda”. Es por eso que ha surgido, en Francia, el movimiento de Melenchon, quien sostiene que el principal enemigo (al que hay que denunciar constantemente) es el poder de la derecha massmediática, opuesto (dado que defiende al sistema de competencia) a cambios solidarios.

No aplicar esta tímida “ley de medios” parece responder a un pacto (expreso o tácito) con la derecha massmediática, tolerado por la derecha política e ignorado por casi todo el Frente Amplio, que ya puede ser considerado “centro-izquierda”, (no más “izquierda”).

1Antaño se decía “lo leí en el diario” (con una actitud de valoración de esa fuente). Hoy se dice: “lo vi en la tele” (y el sentido es el de considerarse “testigo” directo) sin pensar que lo que vio fue una construcción informativa muchas veces manipulada o a un político con entrenamiento de actor, que lo persuadió.

Para “Izquierda en marcha”