En
los últimos días de 2014 se aprobó la llamada “ley
de medios” y hasta ahora
no se ha aplicado. Fue
promulgada y luego publicada en el Diario Oficial el 15 de enero de
2015. Su título verdadero es: “Ley Nº 19.307. SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”, porque no sólo se refiere a la radio y
TV privadas, sino también a los servicios públicos de radio y
televisión.
¿Por
qué no se la aplica?. El Presidente Tabaré Vázquez declaró que no
la aplicaría
a
la espera del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, ante
la cual varios operadores privados han presentado recursos de
inconstitucionalidad y más recientemente lo ha hecho también Juan
Andrés Ramírez, prestigioso jurista muy vinculado al Partido
Nacional, quien, además de patrocinar a empresas privadas con ese
mismo recurso, presentó uno a título personal, pretendiendo con
este último, la invalidación
definitiva de esta ley.
Primera
observación
La
actitud del Presidente, para la opinión desprevenida, parece
prudente, pero en la realidad, así se está violando la
Constitución. En primer lugar, ésta establece la separación de
poderes, lo que indica que cada Poder tiene que hacer lo que le está
asignado y no
depender de otro, porque
de ese modo niega la separación e independencia de los poderes,
garantía esencial del liberalismo político, desde Montesquieu.
Además, el Poder Ejecutivo, con esta interpretación, pasó a anular
al Parlamento. El
Poder Ejecutivo anterior sí tenía el derecho de veto (en ciertas
condiciones), pero éste ya no lo tiene frente a una ley promulgada.
Segunda
observación
Las
acciones de inconstitucionalidad, si tuvieran éxito, sólo operan en
beneficio de quien inició esa acción. No
tienen carácter general, y ni siquiera anulan la parte de la ley que
fue objetada. Entonces, como las acciones fueron iniciadas casi todas
por empresas que se consideraron damnificadas, no cabe la suposición
de que alguna prosperare con carácter general.
Tercera
observación
Esta ley no sólo
regula (muy poco) la comunicación audiovisual (privada y pública),
sino que reorganiza los servicios de radio y TV públicos.
Reuniendo en uno solo diversos organismos públicos, creó un
nuevo Servicio descentralizado, en el que aparece un
Directorio (de tres miembros) un Consejo de Comunicación
Audiovisual (de 5 miembros), una Comisión Honoraria de
Comunicación Audiovisual (de 17 miembros) y reorganizó así
todo lo que tiene actualmente el Estado central en esta materia. Pero
nada de esto se llevó a la práctica, puesto que la ley sancionada,
promulgada, y publicada, no fue aún reglamentada. La ley
dice – art.202 - que el Poder Ejecutivo tiene 120 días para
reglamentarla después de publicada. Y eso ocurrió ¡hace más de
un año! . La ley también dice – art.152 – que el P.E. tiene
30 días después de que comience su vigencia, para designar a los
miembros del Directorio del Sistema Público de Radio y Televisión
(SPRT) nombre que tiene este nuevo servicio
descentralizado. Y no se designó a nadie.
¿Cuál parece ser
la razón verdadera por la que esta ley no se aplica?
Esta ley introduce
novedades de importancia para los industriales de lo audiovisual.
Aparece un sistema de adjudicación de ondas más transparente, y se
introduce un canon para que comiencen a pagarlo los actuales
concesionarios (a quienes se le prorroga las concesiones, que pasan
a tener un plazo). Pero si la ley no es reglamentada, no se puede
reclamar su pago, ni se aplican los plazos previstos. También
dispone que algunos importantes espectáculos deportivos deban ser
emitidos en TV abierta.
Estas novedades
bastan para que se hayan levantado esas protestas públicas y se
hayan iniciado esas acciones de inconstitucionalidad. No me parece
que las tímidas regulaciones de contenidos publicitarios y de
protección al menor contenidas en esta ley estén también motivando
la “fronda” opositora. En la práctica comercial, son muy fáciles
de ser sorteadas.
No
es importante coincidir con este análisis. Aunque hubiera más
motivos que los que señalé para la oposición de los
concesionarios, no afectaría la hipótesis que se formulará, puesto
que es el Poder Ejecutivo el
que está decidiendo no aplicar esta ley que
afecta a las radios y TV privadas. Es posible suponer que la
posición del Poder Ejecutivo procura un canje de servicios
(explícitos, sugeridos o tácitos) : “yo
no les aplico la ley, y ustedes me tratan, en los medios que dirigen,
mejor de lo que lo harían si resuelvo aplicarla”.
Quien
escribe comprende que se trata de una hipótesis inverificable. Pero
hay argumentos de peso para sostenerla. Es frecuente observar en las
pantallas de TV, algunas conductas de legisladores y de otros
dirigentes políticos que evidencian en forma clara su preocupación
por aparecer, por
“tener pantalla”. Entonces,
podemos preguntarnos: ¿el silencio de los legisladores ante la
omisión notoria del Poder Ejecutivo en la aplicación de esta ley no
estará vinculado al riesgo de ser
proscripto de pantalla
si
denuncia
esta omisión? Si además existe un artículo en la Constitución (el
144) que dice que la última Cámara que intervino en la sanción de
una ley es la que debe reclamarle al Poder Ejecutivo en caso de
incumplimiento en su aplicación, ¿por
qué ningún diputado
(última Cámara para esta ley) no reclamó ante su Cámara?
El
poder massmediático
En
el siglo XIX, (cuando śólo había prensa escrita) se acuñó la
expresión “cuarto poder” para señalar el peso que tenían
entonces, en el funcionamiento del Estado liberal (con gobernantes
electos y separación de poderes) los debates políticos y las
denuncias por disfuncionamiento que se realizaban por la prensa. Hoy,
la situación es otra, al haber aparecido la radio y sobre todo la
TV, con mensajes más ligeros y a la vez con mayor capacidad de
penetración 1
En
las sociedades vulgarmente llamadas democráticas (pero que debieran
ser llamadas sociedades con liberalismo político), vemos
dos realidades en conflicto. Políticamente,
se proclama la igualdad
de los ciudadanos y se postula fraternidad y solidaridad, pero
económicamente la
sociedad se funda en la competencia, que
sólo valora el poder y la riqueza.
La
igualdad funciona verdaderamente sólo en las elecciones. Todos los
votos de los ciudadanos valen lo mismo. Pero ahí también termina.
Cuando una fuerza política alcanza el ejercicio del Poder Ejecutivo
y además cuenta con mayoría parlamentaria, si se propone realizar
transformaciones en el funcionamiento económico de la
sociedad, asegurando, por
ejemplo, que no haya desocupación,
la realidad del funcionamiento de la economía pesa más
que la acción del Estado. El conjunto de los grandes propietarios de
un país, sostenidos por el capitalismo internacional, imponen su
fuerza multiplicada por la acción de los grandes medios de
comunicación (todos en manos de una minoría de capitalistas) que
difunden una prédica contraria a las transformaciones propuestas.
La ideología
dominante
Toda
sociedad genera una imagen de sí misma – que surge de modo
inconsciente y se perpetúa - a la que llamamos “ideología
dominante”. Esa imagen cumple una función de cohesión social,
hace que todos nos sintamos perteneciendo a un mismo destino común.
La
actual ideología dominante en Uruguay es una mezcla de esa igualdad
en el voto y (al mismo tiempo)
la idea de que “quien trabaja puede ascender”,
(idea que procura legitimar al sistema capitalista). La realidad, a
diario, nos muestra que la inmensa mayoría de los
desocupados lo son contra su voluntad, que
no son haraganes... pero
igualmente
el sistema económico sigue actuando – en forma inconsciente –
legitimando lo que es injusto.
Los
medios de comunicación, en manos de una minoría, viven de la
publicidad, que es pagada siempre por otros propietarios
capitalistas. De modo que hay una alianza tácita
entre propietarios de medios y quienes hacen publicidad, para
defender al sistema económico vigente. De modo espontáneo (y
también por interés) los medios reproducen la ideología
dominante. Eso es matizado con la idea de que el Uruguay “es un
país democrático”, lo que no es falso, pero que no es toda la
verdad.
Derecha
massmediática y derecha
política.
Ayuda
a entender la complejidad de lo social pensar que hay una derecha
massmediática que no coincide
exactamente con la derecha política. La
primera se expresa en la publicidad y en los medios,
la segunda es más visible en
dirigentes de partidos, y por lo mismo resulta un enemigo más claro.
La
acción de la derecha massmediática
logra neutralizar a grandes sectores de las clases populares e
incluso corrompe (o confunde) a sectores que, políticamente, se
consideran a sí mismos como “progresistas” o, incluso, “de
izquierda”. Es por eso que ha surgido, en Francia, el movimiento de
Melenchon, quien
sostiene que el principal enemigo (al
que hay que denunciar constantemente) es el poder de la
derecha massmediática, opuesto (dado
que defiende al sistema de competencia) a cambios
solidarios.
No
aplicar esta tímida “ley de medios” parece responder a un pacto
(expreso o tácito) con la derecha massmediática, tolerado por la
derecha política e ignorado por casi todo el Frente Amplio, que ya
puede ser considerado “centro-izquierda”, (no más “izquierda”).
1Antaño
se decía “lo leí en el diario” (con una actitud de valoración
de esa fuente). Hoy se dice: “lo vi en la tele” (y el sentido es
el de considerarse “testigo” directo) sin pensar que lo que vio
fue una construcción informativa
muchas veces manipulada o a un político con entrenamiento
de actor, que lo persuadió.
Para
“Izquierda en marcha”
