Debate abierto
(en apoyo y a la vez en respuesta a la importante nota de Edison Lanza)
Roque
Faraone[*]
Con el título “Hacia una democracia de
calidad” (“sobre la regulación de la publicidad oficial y el fomento de un
sistema de medios sustentable”), Edison Lanza publicó la semana pasada un
sólido y documentado alegato para que el Parlamento legisle sobre el tema.
Las credenciales del
autor y la solvencia de sus argumentaciones llevan a apoyarlo y
(sin pensar que mi opinión valorice sus asertos) claramente expreso
mi acuerdo con sus dos conclusiones:
convendría legislar sobre publicidad oficial y en apoyo de los medios.
Sobre la segunda conclusión yo
agregaría: sobre los medios no lucrativos, cooperativos, y los que limiten
la publicidad que reciben.
Dicho
esto, como el autor menciona entre progresos recientes “la aprobación de la ley
de servicios de comunicación audiovisual (LSCA), que aún espera acciones claras
para ser puesta en práctica”, debo empezar por ésta.
Una ley inexistente
Esta ley
(LSCA) a la que alude Edison Lanza, tiene un número, pero en realidad no tiene
existencia. Fue aprobada por la Cámara de Representantes (después que el Senado
la retocara el 22/12/2014) y el Poder Ejecutivo la promulgó el 29 de diciembre
de 2014, asignándole el número 19.307.
Esta ley debió haber sido reglamentada dentro de los 120 días y, a casi
nueve meses de promulgada, aún no lo fue. Por otro lado, CAINFO y otras
instituciones denunciaron que no hay previsiones presupuestales para ponerla en
práctica. El Presidente Tabaré Vázquez, de modo informal (ante periodistas)
declaró que, debido a las acciones de inconstitucionalidad que los empresarios
de medios audiovisuales iniciaron contra la ley, “esperaría antes de
reglamentarla” (actitud violatoria de la Constitución, que en teoría, puede
merecer juicio político). Y ningún legislador, ni los que votaron la ley ni
quienes, desde la oposición, no la votaron, denunciaron esta omisión. Éstos podrían reclamar que se cumpla
la Constitución, ya que ésta dice que las leyes se aplican.
Entonces, la primera
pregunta que debemos hacernos es: ¿para qué sugerirle al Parlamento que legisle
sobre publicidad oficial y fomento de medios si cuando legisló con la LSCA esa
ley no se aplica?
La segunda pregunta sería: ¿por qué ese
completo silencio político ante una ley que no se aplica?
El poder massmediático
Esta ley
(LSCA) es una tímida regulación de las televisoras y radios comerciales, que
pasan a pagar algo por las ondas que usufructúan y además sus concesiones (que
pueden ser renovadas) pasan a tener un plazo. Y también contiene algunas
mínimas disposiciones que regulan la publicidad que emiten. Éstas son las
razones por las que se iniciaron las acciones de inconstitucionalidad. Y este
conflicto es el que explica el silencio político ante una ley que no se aplica.
El poder político (o los poderes políticos) no quieren enfrentar al poder
massmediático.
Vivimos en una
democracia, decimos corrientemente. Con mayor precisión, deberíamos decir:
vivimos bajo gobiernos electos que aplican generalmente criterios de
liberalismo político (protección de derechos individuales, justicia
relativamente independiente, renovación periódica de gobernantes, etc.). Pero
también vivimos bajo un régimen productivo competitivo, (capitalista).
La estratificación social que resulta de esta realidad económica se manifiesta
de modo notorio en el sistema de comunicación social: la casi totalidad de los
grandes medios electrónicos y de la prensa no sólo son propiedad de una ínfima
minoría de propietarios o de accionistas acaudalados, sino que las empresas que
dirigen necesitan de la publicidad para ser rentables. Y la publicidad
(en más del 90%) proviene de otras empresas o propietarios acaudalados,
también interesados en que el sistema económico vigente continúe dándoles la
rentabilidad a la que aspiran. Hay, por lo tanto, una especie de solidaridad
tácita, en la defensa del actual sistema productivo, entre los propietarios de
los medios y los propietarios de las empresas que hacen publicidad.
De ahí que sea posible
(y conveniente) hablar de “poder massmediático” ya que alude a una fuerza real
en el escenario de la sociedad y de “poder político” o “poderes políticos”
respecto de quienes, teniendo mayor visibilidad, sólo dirigen el aparato del
Estado. Pero, en condiciones de liberalismo político, precisamente, esos
poderes políticos no pueden ser indiferentes a las presiones que puede ejercer
el poder massmediático.
Publicidad y opinión
pública
¿Qué es publicidad?
“Forma
de comunicación paga difundida por iniciativa de operadores económicos que
tiende de modo intencional y sistemático a influenciar las actitudes y la
elección de los individuos respecto al consumo de bienes y la utilización de
servicios”.
Es
decir, no sólo un lubricante para la sociedad de consumo, sino, sobre
todo, un condicionante cerebral de los individuos potencionalmente
consumidores, pero que alcanza también a los no consumidores.
Y ¿qué es la “opinión pública”?
“La valoración realizada o expresada –un pronunciamiento sobre un
posicionamiento- por determinada comunidad social, acerca de un evento,
oportunidad, problema, reto o expectativa que llega a su conocimiento».
No es
imprescindible que aceptemos totalmente esta definición. Lo que importa es
advertir que la publicidad actúa modelando la opinión pública. Tomemos
un ejemplo: Un mensaje de ANCAP (que circula a diario en los omnibuses de
CUTCSA) y dice: “Las ideas se comparten. La sociedad se transforma”.
Vemos que se procuró trasmitir dos conceptos simples, tal vez
evocando la noción de “progreso”. Pero el resultado fue nefasto. Las ideas
fascistas, racistas, xenófobas (por ejemplo) no deberían ser compartidas, sino,
por el contrario, combatidas. ¿Cuántas neuronas fueron y siguen siendo
condicionadas por este mensaje?. Imposible imaginarlo, pero, con certeza, este
mensaje sigue contribuyendo a mantener en un muy bajo nivel de intelección a
muchísimos integrantes de la “opinión pública”...
Conclusiones
Apoyo la
idea de legislar sobre la publicidad y el fomento de medios no
lucrativos. Creo que habría que extenderla a la publicidad comercial privada,
en contenidos, en volúmenes y en soportes.
Pero
no son sólo matices los que me separan de las tesis (que respeto) de Edison
Lanza. Para ir “hacia una democracia de calidad” es preciso no sólo propiciar
legislación sobre publicidad y medios, sino que, simultáneamente, hay que
denunciar el sistema socio económico competitivo. Éste, no sólo mantiene una
desigualdad injusta. Se perpetúa, además, por el manejo de la publicidad y de
los medios. Al punto que logra
que no se aplique una ley vigente.
Publicado en Semanario Brecha, 25 de sptiembre de 2015
[*] Docente y ex director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
de la Universidad de la República. Socio fundador de la Asociación
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
